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El contrabando en Colombia se ha convertido en una problemática que tiene en jaque a diferentes sectores de la economía local. El comercio ilícito de cigarrillos, por ejemplo, alcanzó cifras alarmantes en 2018 al llegar a un 25% del mercado, la cifra más alta registrada desde 2011, y al duplicar el 13%, cifra de esta misma actividad en 2016, según el estudio “Incidencia de los cigarrillos ilegales en Colombia” realizado por el Invamer para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
El estudio también dio a conocer que el contrabando afectó a las entidades territoriales fuertemente, ya que estas dejaron de recibir 141 millones de dólares el año pasado, siendo La Guajira (86%), Cesar (80%), Magdalena (74%), Sucre (67%), Córdoba (62%), Bolívar (58%), Norte de Santander (55%) y Atlántico (32%), los departamentos en los que el comercio ilícito de cigarrillos está más presente.
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El contrabando presenta diversas formas, dependiendo de la industria a la que afecte:
Abierto: consiste en el ocultamiento de mercancías para el ingreso o salida de un territorio aduanero o su movilización por medios clandestinos.
Técnico: es la introducción de mercancías incurriendo en prácticas como subfacturación, inadecuada clasificación arancelaria y declaración engañosa de cantidades.
Entre las posibles soluciones en el contexto nacional e internacional se encuentra la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), una organización que desde hace 3 años ha generado impacto positivo en términos de recaudo fiscal, salud pública y cambios en las distorsiones del mercado a propósito del contrabando.
La ALAC es una iniciativa del sector privado, liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), con el objetivo de colaborar con los gobiernos de 16 países de la región de cara a la reducción de este delito (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela). La ALAC se constituye como el catalizador que facilita el intercambio de información y genera alianzas estratégicas, más allá de las fronteras para articular a los sectores público y privado.
Teniendo en cuenta las repercusiones que tiene el contrabando en la economía de las naciones, la solución presentada a países de la región es intensificar las medidas de control, como lo ha venido haciendo Colombia, y generar una agenda público-privada que responda de manera contundente al gran desafío de la ilegalidad.
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Así mismo, la ALAC menciona la necesidad de evaluar todos los sectores, especialmente los más sensibles, como los cigarrillos. Finalmente, y como principal conclusión del estudio Invamer sobre “Incidencia de los cigarrillos ilegales en Colombia”, se puede deducir que existe una relación directa entre el aumento de los impuestos y el crecimiento del comercio ilícito de cigarrillos. Con base en este comportamiento, se puede afirmar que la reforma tributaria que entró en vigor en 2017 desconoció la capacidad de sustitución del mercado ilegal al legal que existe en el país.
