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El documento está compuesto por cinco ejes temáticos, entre los que están la tributación; el mercado laboral y sistema pensional; la provisión de bienes públicos; la propiedad, uso y ordenamiento de la tierra; y la facilitación al comercio con racionalización de trámites y procedimientos, de donde se desprenden las 94 propuestas que serán dadas a conocer este jueves en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Propuestas
LA FM conoció algunos de los planteamientos más relevantes de este documento que recoge algunas de las propuestas que no fueron incluidas en la reforma tributaria pasada.
La primera de ellas es la preocupación por la alta carga tributaria que enfrentan las empresas, por lo que proponen reducir la tarifa corporativa, “se propone que la tarifa unificada establecida en 2016 se reduzca del 33% al 28%” y que esta reducción sea compensada con mayor recaudo de personas naturales.
Igualmente los empresarios plantean que es necesario empezar a gravar a quienes reciban más de 2,5 salarios mínimos, es decir, quienes ganen desde $1,842.500 en adelante (actualmente se tributa a partir de 4,1 salarios mínimos), es decir $3,021,700.
Adicionalmente proponen volver a estudiar la posibilidad de gravar las pensiones altas por encima de 6 SLM (4 millones de pesos en adelante) que actualmente benefician a más de 53 mil personas.
Otra de las propuestas en materia tributaria es eliminar las exenciones tributarias en impuesto de renta, según el Consejo Gremial estas solo deberían ser para actividades relacionadas con protección al medio ambiente, investigación y desarrollo, entre otras.
Para el Consejo Gremial, pese a que los impuestos de IVA y renta contribuyen con el 70% del recaudo, el aumento de este en 3 puntos ha sido ineficiente.
Otra de las preocupaciones de los empresarios es la alta informalidad laboral, aseguran que los elevados costos no salariales desincentivan la contratación legal.
En cuanto al sistema pensional les preocupa la baja cobertura, por lo que se urge una reforma en esta materia, teniendo en cuenta que el modelo pensional es altamente inequitativo y representan una alta carga fiscal.
El documento también aborda la lucha frontal contra la corrupción y pide incluir en los pliegos de condiciones de los concursos y licitaciones la capacidad de los entes de control de anticiparse a la manifestación de conductas indeseables o del proceso de contratación pública.
Además señalan que las vías de hecho no se pueden legitimar como mecanismo de protesta, ya que el paro agrario de 2013, el de transportadores en 2016 o el paro de Buenaventura de este año, afectan las finanzas del Estado y del sector privado.
