El supuesto 'mico' en reforma tributaria que favorecería lavado de activos

Según Espitia, como está planteado el proyecto, también serían favorecidos autores de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia. Crédito: Archivo.

El fiscal General encargado, Fabio Espitia, lanzó una advertencia en relación a un posible 'mico' que incluiría el proyecto de reforma tributaria que avanza hacia su segundo debate en las plenarias de Senado y la Cámara de Representantes.

Los cuestionamientos que formula el Fiscal encargado fueron dirigidos, en una carta de dos páginas, al propio jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Jose Andrés Romeo.

En primera instancia, cuestiona que de acuerdo con el proyecto, si se presenta una omisión de activos en la declaración de renta, se incurre en un delito que dejaría de serlo si al final se paga el impuesto.

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Asimismo, cuestiona que tendría que ser la Fiscalía y no la DIAN como está asignado por ley, la encargada de entrar a verificar la liquidación de la tributación de los usuarios a efectos de establecer si se configuró o no un delito, condición "que desborda el ámbito de competencias y capacidades técnicas de la entidad".

De igual forma, el Fiscal (e) señaló que la ley existente es clara que este tipo de investigaciones se inician, a petición del director del DIAN o de otras autoridades tributarias, basados en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

El fiscal Esptia, advierte que, de manera contraria, se podría estar iniciando una investigación "respecto de controversias interpretativas de connotación tributaria, pero sin incidencia en el ámbito penal".

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Otro de los puntos que genera una alta preocupación es que, si se extingue la acción penal por la omisión tributaria, también quedarían saneados otros delitos conexos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

De acuerdo con los investigadores de policía judicial, dichos delitos son cometidos por organizaciones de crimen organizado, narcotraficantes, entre otras estructuras delincuenciales.

"Esta condición resulta a todas luces inadmisible y contraria con la política criminal del Estado", agregó el Fiscal General (e), en la carta dirigida al director de la DIAN.


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