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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designó al abogado Jaime Humberto Mesa Buitrago como nuevo agente interventor de la empresa de energía Air-e. Con este nombramiento, Mesa se convierte en el quinto interventor de la compañía tras un año y ocho meses desde que la entidad tomó posesión de ella, una decisión que ha encendido las alarmas entre los líderes de la región Caribe.
Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la costa norte, aseguró que la constante rotación en el cargo genera profundas dudas sobre el proceso. El vocero sostuvo que, lejos de estabilizarse, la situación operativa y financiera de la empresa se ha agravado bajo el control estatal.
“La empresa ha sufrido un proceso de empeoramiento; las cifras lo dicen. El recaudo bajó al 73 % y las pérdidas eléctricas son del 31 %, una cifra monumental. Son de los peores registros para una empresa de energía en el país”, advirtió Alarcón.
El líder gremial también recordó las recientes declaraciones del viceministro de Minas, quien durante una visita a Barranquilla admitió que Air-e se encuentra “en cuidados intensivos”. “Esa frase no miente porque es lo que estamos viviendo en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Después de casi dos años de control del Gobierno, el deterioro continúa y no se ve ninguna mejoría”, añadió.
Radiografía de las tarifas de energía en el Caribe
Alarcón reconoció que se ha registrado una disminución en la tarifa de energía en las zonas de operación de Air-e, en comparación con los “niveles históricos” de hace dos años, cuando el kilovatio hora (kWh) alcanzó los 1.200 pesos.
Sin embargo, explicó que esta reducción fue el resultado de la presión social, movilizaciones ciudadanas y un fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que obligó a desmontar gran parte del régimen tarifario especial aplicado exclusivamente a la Costa Caribe. Actualmente, la tarifa se ubica en 796 pesos por kilovatio hora.
El fantasma de una nueva sobretasa
El costo por kilovatio podría disminuir cerca de 50 pesos adicionales si la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprueba una resolución que eliminaría la sobretasa del 20 % en el componente de comercialización, un cobro que hoy solo asumen los usuarios de la Costa Atlántica.
A pesar de este posible alivio, la Liga Nacional de Usuarios rechazó de manera drástica la propuesta del Gobierno Nacional de implementar una nueva sobretasa de ocho pesos por kilovatio para todos los usuarios del país, destinada a mitigar el déficit financiero de la comercializadora intervenida.
“Nos oponemos rotundamente a que les metan la mano al bolsillo a los usuarios para cubrir la quiebra de Air-e. Los ciudadanos no son responsables de esta situación; es el Gobierno el que debe sacar adelante la empresa con recursos propios”, concluyó Alarcón.
