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El desierto de La Guajira no solo padece por el sol inclemente, sino por la sed que provoca la desidia administrativa. La Corte Constitucional declaró que el cumplimiento de las órdenes para llevar agua potable a los niños wayuu, que el alto tribunal ha impartido desde el estado de cosas inconstitucional de 2017, es bajo.
La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia de hace nueve años, encargada de las directrices para superar la crisis humanitaria a la que están sometidos los indígenas guajiros, le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar penal y disciplinariamente a los responsables del abandono, principalmente en Maicao, Manaure y Uribia.
Corpoguajira, la máxima autoridad ambiental en La Guajira, debía elaborar un estudio para establecer la relación entre la minería y la escasez de agua potable. En caso de que se demuestre un impacto negativo de la actividad en la falta del líquido, la Corporación Autónoma tenía que establecer una estrategia para enfrentarlo.
La obligación venía de 2017. En junio de 2025, la Corte ordenó presentar los resultados. La corporación estimaba terminar el estudio a finales de marzo de 2026, pero desde febrero ha tramitado media docena de aplazamientos. Corpoguajira proyecta acabar la evaluación el 22 de agosto y entregar el producto en diciembre.
El alto tribunal evidenció una “inercia institucional en el cumplimiento de un mandato judicial claro y vigente”, pues la corporación ha contado con “un lapso amplio y razonable”. La Corte le dio hasta el 24 de agosto para proporcionar una “constancia de finalización técnica”, y hasta el 26 de octubre para los resultados.
Vivienda y Corpoguajira quedan en la mira por los reiterados incumplimientos
No es la única entidad que ha incumplido sus deberes en favor de la niñez wayú. El Ministerio de Vivienda intentó que la Corte redujera el estándar mínimo de agua que se le debería suministrar a la población, de veinte litros diarios por persona a poco más de cinco litros a través de pozos en Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha.
La cartera interpretó, de forma descontextualizada, datos de la Organización Mundial de la Salud que mencionan los 5,3 litros como la cantidad mínima diaria recomendada para asegurar que mujeres lactantes se mantengan hidratadas. La Corte reprochó la postura, que, de hacerse realidad, ni siquiera permitiría cocinar o la higiene básica.
“El estándar de veinte litros se mantiene intacto, y la meta progresiva sigue siendo de cincuenta litros por habitante al día”, explicó el magistrado Carlos Camargo, de la Sala de Seguimiento. “Reducir el estándar habría significado un retroceso inadmisible en la garantía del derecho fundamental al agua potable de la niñez wayúu”, agregó.
La Corte compulsó copias contra el ministerio, por no garantizar un acceso efectivo al agua potable en las dimensiones necesarias, y contra Corpoguajira, por la falta de su estudio sobre la minería. Y pidió que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen “el incumplimiento reiterado” de la caracterización de la población infantil wayú.
Tras casi diez años de sentencias, autos, audiencias públicas y mesas técnicas, Maicao, Manaure y Uribia aún no tienen datos claros sobre cuántos niños necesitan agua en sus territorios. La Corte, además, notó que “no hay pruebas” de que mínimo el 66% de los niños acceden a alguna fuente de agua potable.
La Corte fija plazos definitivos y advierte posibles sanciones
La Defensoría del Pueblo, el alto tribunal y veedurías han verificado “fallas estructurales y reiteradas” en el acceso al agua, como “inoperatividad o fallas técnicas de los sistemas hídricos”, por falta de mantenimiento; dependencia de puntos de captación que implican desplazamientos prolongados, o “suministro intermitente”.
No existe información real sobre la calidad del agua bajo los estándares del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Irca), que analiza factores como la turbiedad, el color, el cloro residual o bacterias para establecer, en una escala de cero a cien, qué tan peligroso o apto puede ser el líquido.
El Ministerio de Vivienda tiene tres meses, un plazo ya improrrogable, para demostrar que los niños wayuu cuentan con agua potable real en disponibilidad, accesibilidad y calidad. La Guajira, una tierra de cardones, espera que la justicia no se quede en el papel, sino en un chorro que impida que la sed sea el destino de su descendencia.
Los funcionarios de las alcaldías de Maicao, Manaure y Uribia; los directivos de Corpoguajira, y los responsables de gestionar el agua para La Guajira en el Ministerio de Vivienda se exponen a investigaciones penales por la omisión de sus funciones, y procesos disciplinarios por incumplir sus deberes y faltar a la diligencia.
Asimismo, la Contraloría podría determinar responsabilidades fiscales a partir de malos manejos o pérdida de recursos públicos destinados a las obras para el agua. Y, de no cumplirse los plazos, la Sala abrirá incidentes de desacato que podrían derivar en arrestos de hasta seis meses y multas de hasta veinte salarios mínimos.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Constitucional pidió investigar a las autoridades por la crisis de agua en La Guajira?
Porque concluyó que, tras casi diez años de órdenes judiciales, el cumplimiento para garantizar agua potable a la niñez wayuu sigue siendo bajo. Por eso compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que determinen posibles responsabilidades penales y disciplinarias por los reiterados incumplimientos.
¿Qué entidades fueron cuestionadas por la Corte Constitucional?
La decisión señala principalmente al Ministerio de Vivienda, a Corpoguajira y a los municipios de Maicao, Manaure y Uribia. La Corte reprochó al ministerio por no garantizar un acceso efectivo al agua y a la autoridad ambiental por los continuos retrasos en el estudio sobre el impacto de la minería en la disponibilidad del recurso.
¿Qué ordenó la Corte para proteger el acceso al agua de los niños wayuu?
El alto tribunal mantuvo el estándar mínimo de veinte litros diarios de agua por persona y rechazó la propuesta de reducirlo. Además, fijó nuevos plazos para entregar estudios pendientes, caracterizar a la población infantil y demostrar que el suministro cumple condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad.
¿Qué consecuencias podrían enfrentar los funcionarios si persisten los incumplimientos?
Los responsables podrían ser investigados penal, disciplinaria y fiscalmente por la omisión de sus deberes. Además, si las órdenes judiciales siguen sin cumplirse, la Corte advirtió que podrá abrir incidentes de desacato que incluso podrían derivar en arrestos y multas.
