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Luego de que la Contraloría General de la República advirtiera que en enero de este año se firmaron más de 521.000 contratos directos por un valor cercano a 33 billones de pesos, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, representantes de sectores económicos cuestionaron las cifras y la situación fiscal del Gobierno.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, señaló que resulta contradictorio que se hable de falta de recursos mientras se registran esos niveles de contratación.
“Hoy nos hablan de recursos por la emergencia invernal, y es imposible no preguntarse dónde están los recursos de la unidad de riesgo y atención de desastres, es imposible no tener presente la corrupción sistemática que ha sido denunciada allí”, indicó Mac Master.
El dirigente gremial agregó que no se puede afirmar que el Gobierno no tenga responsabilidad en esos hechos.
Según dijo, “es imposible decir que el Gobierno nacional no tuvo nada que ver con esa corrupción, o que los mandatarios no tienen responsabilidad sobre lo que hacen sus altos funcionarios”.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, afirmó que una nueva declaratoria de emergencia económica podría estar orientada a cubrir el impacto fiscal del aumento del salario mínimo.
Cabal recordó que según un informe de la firma Fitch Ratings, el incremento del salario mínimo podría tener un costo fiscal cercano a los 8 billones de pesos, principalmente por el aumento automático en salarios del sector público y en obligaciones indexadas como algunas pensiones.
Además, cuestionó la necesidad de nuevos recursos cuando según afirmó, el propio Gobierno había planteado requerimientos menores en una declaratoria anterior.
“El propio Gobierno afirmó que requería solo 0,5 billones de pesos para atender la emergencia invernal. ¿Por qué ahora necesita 8 billones?”, señaló.
Contratación antes de la Ley de Garantías
En las semanas previas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, las entidades públicas firmaron contratos por cerca de 37 billones de pesos durante enero de 2026.
De acuerdo con los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), el 61% del total contratado, equivalente a unos 22,5 billones de pesos, correspondió a entes territoriales, mientras que el 39% restante estuvo a cargo de entidades del orden nacional.
En total, durante enero se firmaron cerca de 544.000 contratos en el sector público. De ellos, más de 377.000 fueron celebrados por entidades territoriales y unos 166.000 por entidades nacionales.
Entre las ciudades con mayor volumen de contratación, Barranquilla encabezó la lista con más de 1,3 billones de pesos en 6.947 contratos. Le siguieron Bogotá con 1,2 billones en más de 20.000 contratos, Medellín con más de 894.000 millones, Cali con más de 736.000 millones y Cartagena con más de 431.000 millones de pesos.
En el orden nacional, la mayor contratación se registró en el Sena, con más de 1,7 billones de pesos. Después se ubicaron el ICBF con 1,2 billones, la Unidad para las Víctimas con más de 508.000 millones y el Ministerio de Educación con más de 442.000 millones de pesos.
El director de Colombia Compra Eficiente explicó que los montos del reporte se construyen con base en la información que las propias entidades cargan en la plataforma SECOP.
Solo en contratación directa, modalidad que no requiere licitación en casos específicos, el sector público firmó más de 28,5 billones de pesos en enero. De ese total, 16,2 billones correspondieron a entidades territoriales y 12,3 billones a entidades del orden nacional.
La Ley de Garantías busca evitar el uso de recursos públicos con fines electorales. Sin embargo, históricamente las semanas previas a su entrada en vigencia han concentrado una alta actividad contractual, debido a la aceleración de procesos antes de las restricciones.
