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La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como resultado de una auditoría de cumplimiento realizada sobre el contrato de concesión 4G de iniciativa privada Chirajara–Fundadores y otros contratos relacionados con el corredor vial Bogotá–Villavicencio.
La decisión se sustenta en las conclusiones de la revisión efectuada por el organismo de control, que estableció que el Viaducto Chirajara continúa sin entrar en operación, pese a que la infraestructura fue terminada hace cerca de dos años y medio y hace parte de un proyecto destinado a mejorar la conectividad de ese corredor vial.
Según informó la Contraloría, la auditoría evidenció que la ANI no adelantó de manera adecuada y oportuna las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias para ejecutar las intervenciones pendientes en el Túnel 13 y el Puente 1, conocido como Quebrada Seca.
Para el organismo de control, esas actuaciones eran necesarias para superar las condiciones que aún impiden el funcionamiento del viaducto y del tramo de doble calzada en el que se encuentra ubicado.
Auditoría encontró un tramo de la vía que continúa fuera de servicio
La revisión adelantada por la Contraloría comprendió las vigencias entre 2022 y 2025 e incluyó el análisis de la ejecución del contrato de concesión Chirajara–Fundadores, así como otros contratos asociados al mismo corredor vial.
Durante ese proceso, el organismo de control verificó el estado de las obras y de la infraestructura construida dentro del proyecto.
Como resultado de esa evaluación, la Contraloría señaló que un tramo de 6,5 kilómetros de la vía Bogotá–Villavicencio permanece sin entrar en operación, a pesar de que varias de las obras fueron entregadas entre junio de 2015 y febrero de 2024.
El organismo indicó que esa situación está relacionada con los daños que aún no han sido reparados en el Túnel 13 y con el colapso del Puente 1 del sector 3A, registrado el 15 de junio de 2019 en inmediaciones del kilómetro 58 de la carretera.
La Contraloría también señaló que el Viaducto Chirajara fue terminado el 4 de febrero de 2024, pero hasta el momento no ha sido recibido formalmente por la ANI ni ha comenzado a operar. En consecuencia, la infraestructura permanece sin cumplir la finalidad para la cual fue construida y tampoco se encuentra integrada funcionalmente al resto de la doble calzada del corredor Bogotá–Villavicencio.
Para la Contraloría, esa situación implica que una infraestructura ya finalizada continúa sin prestar servicio, mientras el tramo vial al que pertenece permanece fuera de operación.
Además, indicó que esa condición afecta la continuidad del servicio de transporte sobre ese corredor y mantiene sin utilización una obra ejecutada con recursos públicos.
Laudo arbitral fijó responsabilidades sobre las obras pendientes
Durante la auditoría, la Contraloría General revisó el contenido del laudo arbitral emitido el 10 de noviembre de 2023, en el que se estableció que la ANI asumió el riesgo derivado de la inestabilidad de la ladera ubicada en el kilómetro 58, una circunstancia que, según esa decisión, ocurrió con posterioridad a los daños estructurales registrados en ese sector.
Como consecuencia de ese laudo, la ANI quedó obligada a ejecutar las intervenciones necesarias para reparar el Túnel 13 y el Puente 1, con el propósito de permitir la entrada en funcionamiento del Viaducto Chirajara y del tramo de doble calzada que hace parte de ese proyecto vial.
No obstante, la Contraloría concluyó que esas actuaciones no se han desarrollado de manera suficiente, por lo que las condiciones que impiden la operación del viaducto permanecen vigentes.
De acuerdo con el organismo de control, las intervenciones necesarias para habilitar la infraestructura continúan pendientes, pese a que la responsabilidad sobre esas obras fue definida en la decisión arbitral.
Más de dos años después, el viaducto sigue sin operar
En sus conclusiones, la Contraloría indicó que han transcurrido más de 32 meses desde la expedición del laudo arbitral y más de 29 meses desde que el Viaducto Chirajara fue terminado, sin que las intervenciones requeridas hayan permitido su entrada en funcionamiento.
El organismo agregó que esa situación mantiene fuera de servicio un tramo importante de la doble calzada Bogotá–Villavicencio, al tiempo que una infraestructura concluida continúa sin cumplir el objetivo para el que fue construida.
Además, advirtió que la falta de operación mantiene el riesgo de deterioro progresivo tanto de la obra como de los recursos públicos invertidos en su ejecución.
Con base en los resultados de la auditoría, la Contraloría General de la República confirmó el hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la ANI, dentro de la revisión realizada al contrato de concesión Chirajara–Fundadores y los demás contratos asociados al corredor vial.
La decisión corresponde a las conclusiones obtenidas durante el proceso de control fiscal sobre las actuaciones relacionadas con la puesta en operación del Viaducto Chirajara y del tramo de la vía Bogotá–Villavicencio que permanece sin servicio.
Claves de este tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Contraloría determinó un hallazgo fiscal contra la ANI por el Viaducto Chirajara?
La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por 824.960 millones de pesos contra la ANI al concluir que el Viaducto Chirajara sigue sin entrar en operación, pese a haber sido terminado hace cerca de dos años y medio. El organismo de control señaló que la entidad no adelantó oportunamente las gestiones necesarias para ejecutar las obras pendientes que permitirían habilitar la infraestructura.
¿Qué encontró la Contraloría en la auditoría al Viaducto Chirajara?
La auditoría de la Contraloría estableció que un tramo de 6,5 kilómetros de la vía Bogotá–Villavicencio continúa fuera de servicio debido a intervenciones pendientes en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca). Además, evidenció que el Viaducto Chirajara permanece sin recibo formal por parte de la ANI y aún no ha comenzado a operar.
¿Qué dice el laudo arbitral sobre las obras del Viaducto Chirajara?
El laudo arbitral de noviembre de 2023 estableció que la ANI debía asumir las intervenciones necesarias para reparar el Túnel 13 y el Puente 1, con el fin de permitir la entrada en operación del Viaducto Chirajara y del tramo de doble calzada asociado. Según la Contraloría, esas obras siguen pendientes.
¿Qué consecuencias tiene que el Viaducto Chirajara siga sin operar?
La Contraloría indicó que la falta de entrada en operación del Viaducto Chirajara mantiene sin servicio un tramo de la doble calzada Bogotá–Villavicencio, impide que la infraestructura cumpla la finalidad para la que fue construida y motivó el hallazgo fiscal por 824.960 millones de pesos contra la ANI.
