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La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por USD 26.215.600 en el contrato suscrito por XM S. A. E.S.P. para la implementación, soporte y mantenimiento del Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma tecnológica destinada a la administración del mercado eléctrico.
El análisis se realizó a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía e incluyó una revisión jurídica, técnica, financiera y contractual.
Pagos por software que no fue entregado
De acuerdo con ese organismo, el principal hallazgo, por USD 15.634.924, corresponde a la ejecución y pago del contrato firmado con el Consorcio Siemens Endimensions.
La Contraloría concluyó que el proyecto presentó “incumplimientos graves que impidieron su materialización”, debido a que la solución tecnológica integral “nunca fue entregada ni recibida a satisfacción”, pese a las prórrogas otorgadas.
La auditoría evidenció que XM realizó pagos por bienes y servicios que no fueron efectivamente recibidos, lo que derivó en la afectación patrimonial.
Supervisión sin resultados y daño ya materializado
Aunque XM sostuvo que mantuvo una supervisión permanente del contrato, la Contraloría indicó que ese seguimiento “no evitó la afectación patrimonial”.
También señaló que las reclamaciones ante la aseguradora y las acciones judiciales contra el consorcio se iniciaron cuando el daño fiscal ya estaba materializado.
Hallazgos por contratos de soporte y mantenimiento
Un segundo hallazgo fiscal, por USD 10.580.676, está relacionado con contratos de diseño, implementación, capacitación y servicios de soporte y mantenimiento del software. Según la Contraloría, se realizaron pagos por actividades de soporte sobre componentes que no estaban implementados, no funcionaban de forma integrada o no podían ser operados.
Para ese organismo, esta situación “contradice la naturaleza misma del soporte técnico”, dado que el sistema no había sido validado ni recibido a satisfacción.
Informe fue remitido al Ministerio de Minas y Energía
La Contraloría General de la República informó que el informe final, que recoge el análisis jurídico, técnico, financiero y contractual, así como los hallazgos identificados, fue remitido al Ministerio de Minas y Energía para lo de su competencia.
