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La conclusión de la investigación de la Contraloría General de la República determinó un daño patrimonial al Estado por $1.765 millones de pesos en el proceso de venta en subasta pública de vehículos de propiedad del Senado de la República. Dicho contrato se hizo con la Comercializadora Nave Ltda.
El ente de control encontró incumplimientos en los procesos de traspaso de vehículos y motocicletas, "toda vez que se adelantaron por fuera de los términos legalmente establecidos".
Se determinó además que para los vehículos blindados subastados, solo en algunos casos se realizaron los trámites de solicitud de permiso de uso de blindaje ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
También se verificó que existían vehículos blindados de propiedad del Senado de la República que nunca tramitaron el correspondiente permiso ante la citada Superintendencia.
"Es preciso destacar que aunque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada canceló en octubre de 2015 las autorizaciones primarias de blindaje para los vehículos subastados y determinó la necesidad de estudiar la procedencia de la autorización otorgada, su entrega material implica que los vehículos blindados puedan transitar en manos de particulares sin la autorización correspondiente", señala la Contraloría.
En materia fiscal se encontró que en algunos casos existen diferencias entre las características de los bienes subastados que fueron tenidas en cuenta para la realización de los avalúos y las características que figuran en los certificados de tradición, especialmente en la línea, modelo y cilindraje de los vehículos.
