Colombia se salvó de pagar millonaria cifra por caso Granahorrar

En este caso se estableció que el proceso prescribió, porque los demandantes no presentaron a tiempo la reclamación.
Billetes colombianos
Fedesarrollo dijo que debe haber una revisión de las exenciones tributarias. Crédito: Carlos Andrés Ruiz Palacio - Pixabay

El Tribunal Arbitral Internacional decidió a favor de Colombia con la cual el Estado se salvó de pagar una indemnización superior a los 146 mil millones de pesos, en un litigio que se inició por la expropiación de Granahorrar.

El organismo internacional concluyó que no tiene competencia para analizar las reclamaciones, y además decidió que la demandante Astrida Carrizosa deberá pagarle a Colombia más de 1 millón de dólares, es decir, 3.608 millones de pesos.

Este monto que deberá ser cancelado a favor de Colombia, es por concepto de los costos del arbitraje y gastos de representación legal en los que incurrió el Estado para defenderse en esta controversia.

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó que la demandante pretendió cuestionar las medidas regulatorias adoptadas en 1998 por la Superintendencia Bancaria y Fogafin, consistentes en ordenar la capitalización de Granahorrar y la consecuente reducción del valor de las acciones.

De acuerdo con la Agencia, en este caso también se pretendió con esta demanda cuestionar las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en los años 2011 y 2014 en relación con dichas medidas.

Por el contrario, el Tribunal acogió los argumentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y declaró que los hechos expuestos por la demandante ocurrieron antes de la entrada en vigencia del tratado, y además, no cumplió con el límite de tiempo establecido para presentar la reclamación, por lo que prescribió.

Ante esta determinación se da por concluida la controversia judicial y no hay lugar a que el Tribunal se pronuncie sobre las pretensiones de la demandante con las que reclamaba 40 millones de dólares, es decir que se evita el pago de 146.600 millones de pesos.

De acuerdo con los abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el país dejó de pagar por concepto de este proceso judicial más de 150 mil millones de pesos.

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Por estos mismos hechos, cursa otra demanda internacional presentada por los hermanos Carrizosa, cuyas pretensiones ascienden a los 323 millones de dólares.


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