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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) designó a CI Fuelenergy para administrar las 12 empresas que supuestamente aparecen involucradas en el escándalo de combustibles a la compañía Ecopetrol, en varias regiones del país.
Según la SAE, Fuelenergy es una empresa con 15 años de experiencia en el sector, factura más de 27 millones de dólares al año, son conocedores del negocio de hidrocarburos, pasó todos los procesos de debida diligencia y tendrán la debida supervisión por parte de la entidad para todos los objetivos y compromisos que se pactaron.
Además, CI Fuelenergy registra en capital suscrito y pagado mayor capacidad que todas las 12 empresas que va a administrar, ya que factura más de 27 millones de dólares al año
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Cabe mencionar que la empresa seleccionada no será socia de las compañías implicadas en el escándalo, ni participaré en los porcentajes de utilidades.
Por el contrario, será un administrador del holding de los activos y recibirá honorarios por la administración y eventualmente, bonificaciones por resultados.
"Una vez la SAE realiza la verificación de los activos a través de la diligencia de secuestro para este caso, la figura de depositarios con la que contaba la entidad no aplicó porque no se contaba con una persona natural o jurídica con el perfil y la experiencia para manejar estas empresas del sector hidrocarburos", explicó Daniel Rojas, presidente de la SAE.
Incluso, la SAE recurrió a Ecopetrol para que asumiera la administración de las compañías involucradas en el hurto de combustibles, pero no se pudo materializar ese proceso, ya que la estatal petrolera es una de las víctimas.
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Por otra parte, la SAE destacó que mientras se adelantaban los procesos para buscar los administradores, se nombró algunos provisionales que sabían cómo funcionaba la operación de las empresas. Sin embargo, estas personas ya fueron removidas.
Se espera que CI Fuelenergy consolide un holding con la SAE en el sector de hidrocarburos, buscando hacer productivos los activos a su cargo, además de asegurar el empleo de los trabajadores y generar una rentabilidad económica para el fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado, que administra los bienes en extinción de dominio.
