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La niquelera, en el sur de Córdoba, completa dos meses operando a media marcha por la limitación en el suministro de gas natural de Canacol Energy. Según la compañía, unos 600 trabajadores y contratistas resultaron afectados y las pérdidas para el país se acercan a los $90.000 millones.
Desde comienzos de agosto, Cerro Matoso opera al 50% de su capacidad. Según informó la empresa en un comunicado, en ese periodo dejó de producir 2.400 toneladas de níquel, equivalentes a unas 40 toneladas diarias, lo que representa más de US$33 millones en menores ingresos.
Impacto Económico
La compañía estima que la reducción de la operación le cuesta al país cerca de $1.500 millones diarios, por menores impuestos y regalías y por compras de bienes y servicios que ya no se hacen. En dos meses, el impacto acumulado se acerca a los $90.000 millones. La menor demanda de bienes y servicios también golpea a proveedores y a la dinámica económica local y regional.
¿Por qué opera al 50%?
Cerro Matoso tiene contratados con Canacol Energy 16.000 MBTUD diarios, con un contrato vigente hasta 2029. Sin embargo, en los últimos meses se han presentado restricciones significativas en las entregas, que se profundizaron recientemente hasta llegar a recibir menos de una quinta parte del volumen contratado. Esto llevó a la empresa a reducir su producción a la mitad.
La compañía advierte que los efectos se sienten especialmente en el sur de Córdoba, donde ha generado empleo e inversión durante más de 40 años y mantiene programas sociales con 25 comunidades vecinas. Según la empresa, cerca de 50.000 personas dependen directa o indirectamente de su operación, por lo que prolongar o profundizar la situación tendría efectos cada vez mayores sobre cientos de familias y la economía del departamento.
Llamado al gobierno
Cerro Matoso pidió una solución urgente a los ministerios de Minas y Energía y del Trabajo, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y demás entidades competentes. Busca evaluar la situación de forma conjunta y adoptar medidas que garanticen la normalización y continuidad de la operación.
