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Asobancaria, gremio representativo del sector financiero, se pronunció tras el fallo del Tribunal de Arbitramento que determinó que el monto que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le debía pagar al Consorcio Ruta del Sol II era muchísimo menor del que pretendía el Gobierno.
De acuerdo con el laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento, el Estado le debe pagar a la concesionaria Ruta del Sol 2 el monto de 211 mil millones de pesos y no los 1.2 billones que se estaba planteando a los bancos.
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El caso suscitó una enorme controversia, pues se le pretendía pagar a los bancos una cifra multimillonaria sin que tuvieran que hacerlo. Además, se denunció que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que estaba negociando con dichos bancos, había trabajado con los mismos, situación que se ha suscitado toda serie de suspicacias y la solicitud manifiesta de los opositores para que renuncie.
En LA FM, la ministra de Transporte se defendió de los señalamientos mientras que Asobancaria emitió el siguiente pronunciamiento:
Comunicado
Para el país es importante salvaguardar la seguridad jurídica que garantice un escenario de estabilidad para los inversionistas, así como la protección de los derechos de todos los actores que, junto con el Estado, participan activamente en la implementación y ejecución de importantes proyectos para su desarrollo económico y social. Se resalta el papel que el sector financiero ha desempeñado a través de la colocación de importantes recursos para atender la construcción de estos grandes proyectos e iniciativas.
En relación con el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento el pasado 6 de agosto para dar solución a las pretensiones de las partes implicadas en la liquidación del contrato de la Ruta del Sol II, Asobancaria ratifica su respaldo a la institucionalidad del país y a las decisiones judiciales.
A pesar de que en el referido laudo el Tribunal manifiesta que reconoce los derechos de los terceros de buena fe, como son los trabajadores, proveedores y financiadores, por los particulares efectos de la decisión tomada se extiende un manto de incertidumbre que afectará el apetito futuro de nuestros agremiados y de la banca internacional en los proyectos de infraestructura, vitales para el crecimiento y la competitividad del país.
