Arabia paga 2.100 millones de euros y compra acciones de empresa que tiene presencia en Colombia

El grupo STC (Saudi Telecom Company) anunció el martes que adquirió una participación de 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros (2.250 millones de dólares), convirtiéndose en el primer accionista del gigante español, presente sobre todo en América Latina y el Reino Unido.

"Esta adquisición representa una nueva etapa en la estrategia de expansión y de crecimiento de STC", subrayó el grupo saudita en un comunicado, en el que afirmaba querer aprovechar el "potencial" ofrecido por la importante "cartera" de infraestructuras del operador español.

"No tenemos intención de tomar el control o una participación mayoritaria" en Telefónica, precisó no obstante STC, principal operador de telefonía de Arabia Saudita, con una capitalización bursátil de 49.000 millones de euros (52.500 millones de dólares).

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Más allá del 9,9%, los inversores extranjeros que desean comprar partes de una empresa española considerada estratégica necesitan la aprobación del gobierno español, en virtud de una medida instaurada en 2020 para proteger a las empresas debilitadas por la crisis sanitaria.

Con esta adquisición de 2.100 millones de euros, STC se convierte en el primer accionista del grupo español, por delante del grupo bancario BBVA, que posee el 4,87% de su capital, y del gestor de activos estadounidense BlackRock, propietario del 4,48%.

Muy presente en Brasil, Alemania y el Reino Unido, Telefónica tuvo el año pasado 2.000 millones de euros (2.140 millones de dólares) de beneficio neto, y una facturación de 40.000 millones de euros (42.800 millones de dólares). Aun así, el grupo enfrenta desde hace varios años un fuerte endeudamiento que apenas logra reducir.

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La operación de STC se produce en un contexto de fuerte competencia en el mercado español, desde que Orange y MásMóvil anunciaran en el verano de 2022 un acuerdo de fusión de sus actividades en España, que podría amenazar a Telefónica.

La fusión, que en principio dará lugar al número dos de las telecomunicaciones en ese país, está subordinada al visto bueno de Bruselas, que abrió una investigación sobre el proyecto y advirtió de las "considerables" repercusiones que podría tener para la competencia.