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Una de las fuentes de ingresos que incluye el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año es la enajenación de activos del Estado, con lo que se espera recaudar 12 billones de pesos, una opción que resulta ser acertada según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).
El proyecto de ley, presentado por el Ministerio de Hacienda, no detalla qué tipo de ventas está pensando hacer el Gobierno, pero para el centro de estudios económicos hay varias opciones que podrían ser viables, por lo que deben ser ‘contempladas’.
Para Anif, una de las posibilidades es avanzar en la democratización de Ecopetrol, ya que a la fecha la participación de capital privado representa cerca de 12 %, lo que quiere decir que hay un espacio adicional para vender un 8 % de las acciones que posee la Nación, medida que fue aprobada por el Congreso en el 2006.
Para el centro de estudios también es necesario retomar la discusión de la venta de la participación accionaria del Gobierno en empresas filiales de Ecopetrol como Cenit, debido a que son activos sustantivos que permitirían la consolidación de ingresos importantes.
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“Así se podría cubrir una parte de los ingresos que se requieren, a partir de 2021, aunque es difícil. En 2022 será prácticamente imposible adelantar acciones de este tipo por las elecciones, tanto legislativas como presidenciales, que habrá este año”, señala la Asociación.
Otra de las propuestas hechas por Anif es que la Nación empiece un plan para vender su participación en todas las empresas en las cuales tiene representación minoritaria y, por lo tanto, no tiene poder de decisión ni control.
Según el último Reporte Anual de Empresas de la Nación disponible, el valor patrimonial ajustado por participación en esas compañías alcanzaba los 2.6 billones de pesos.
“Si bien los ingresos que obtendría la Nación de la venta de esos activos no son suficientemente sustanciosos para asegurar el cierre fiscal, sí permiten aliviar parte de las cargas”, explica el informe entregado por el centro de investigación.
Una de las recomendaciones es vender el 32.5% de las acciones que tiene la Nación en Coltel. Para este fin el gremio afirma que es necesario que el Gobierno defina la hoja de ruta para que se avance en el proceso de valoración de la compañía para su posterior venta.
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Finalmente, el informe señala que para que los recursos obtenidos tengan un impacto dinamizador de la economía y en la generación de empleos sería recomendable invertir los recursos en proyectos de infraestructura.
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