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De acuerdo con la comunicación firmada por la magistrada Margarita Cabello (presidente de la Corte Suprema) y Danilo Rojas (presidente del Consejo de Estado), la solicitud es necesaria ante el déficit presupuestal que registra la rama judicial desde hace varios años.
“Como primera medida, se espera aumentar del 10 al 15 % el aporte obtenido a partir de los ingresos brutos que reciben las notarías, cuyo destinatario, según la Ley, es la administración de Justicia”, advierte la misiva.
Los magistrados propusieron al ministro Mauricio Cárdenas Santamaría que los recursos pueden sacarse de los porcentajes que corresponderían de los gastos que desarrollan los tribunales arbitrales “establecer una contribución especial equivalente al 4 % del valor de los laudos arbitrales o las sentencias condenatorias en procesos de contenido económico, en reemplazo del arancel judicial que, según cálculos, no ofreció los rendimientos ni impacto esperados”.
Para el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, la importancia de captar estos recursos se da por cuenta del rezago presupuestal en la Rama Judicial desde el 2004 que provocó afectaciones en el funcionamiento de la justicia.
