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Este martes 13 de julio, el Gobierno socializó el texto del nuevo proyecto de reforma tributaria, que será presentado ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio y en el que, entre otras, se propone extender el programa de Ingreso Solidario hasta el año 2022.
En el evento, que se realizó en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, participaron el presidente Iván Duque, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, los viceministros de Hacienda, Fernando Jiménez y José Antonio Bejarano, y el director de la DIAN, Lisandro Junco, entre otros funcionarios.
El presidente de la República, Iván Duque, dio a conocer que la primera línea de financiamiento de la nueva reforma tributaria debe ser la austeridad del gasto, la eficiencia del Estado y la lucha contra la evasión.
Al respecto, el ministro de Hacienda explicó que el Gobierno está comprometido “con una política de austeridad en el gasto público que representará entre el 15% y el 20% del recaudo total de la reforma”.
Adicionalmente, dijo que “el mensaje más recurrente en la conversación con los jóvenes de todas las regiones fue la necesidad de generar oportunidades laborales para esta población. En cuanto a los empresarios, están comprometidos con contribuir con mayores impuestos que permitan financiar la inversión social”.
“Además de las preocupaciones específicas de cada región del país, los alcaldes y gobernadores de cada zona visitada coinciden en la necesidad de gestionar recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. El flujo de estos recursos permitiría a las entidades territoriales disponer de los recursos necesarios para invertir en sus regiones y reactivar las economías locales”, agregó.
El primer mandatario señaló que “las jornadas demuestran la necesidad de mantener un programa social temporal de renta básica que permita consolidar los resultados en materia de lucha contra la pobreza obtenidos con el programa Ingreso Solidario. También es necesario extender el apoyo a las nóminas de las empresas más afectadas por los efectos de la pandemia hasta final de año”.
Por otra parte, el presidente mencionó que “hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales, pues estas son el motor del consumo y, por consiguiente, de la reactivación. No se tocará el impuesto a la renta ni se modificará la estructura del IVA”.
“Los impuestos que se creen o modifiquen reflejarán las propuestas realizadas por el empresariado colombiano, donde ellos son los principales contribuyentes”, aseguró el primer mandatario.
El ABC del proyecto
Ingreso Solidario: Se propone extender el programa hasta 2022, manteniendo los beneficiarios actuales y ampliando su cobertura en 200 mil hogares en condición de pobreza extrema que hoy no reciben ningún beneficio del Gobierno. Costo: $2,13 billones para 2021 y $6,59 billones para 2022.
Subsidio a la nómina (PAEF): Se amplía para el periodo julio-diciembre 2021, focalizando el programa en las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores) e incluyendo a empleadores personas naturales generadoras de mínimo dos empleos. Costo: $1,06 billones en 2021.
Educación: Destinar mayores recursos para el pago a la matrícula de estudiantes de instituciones de educación superior pública. A su vez, se podrán otorgar estímulos y alivios a las personas que tengan obligaciones financieras con el ICETEX. Costo: $700.000 por año.
Empleo: Se propone un esquema de incentivos para la contratación formal de jóvenes (25% de un salario mínimo), así como para el resto de la población con ingresos de hasta 3 salarios mínimos (10% de un salario mínimo). Costo: $236.000 en 2021 y $573.000 para 2022.
Compromiso con la austeridad del gasto público – Ahorro $1,9 billones anuales: A partir de 2023, los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios.
Se limita la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros.
Las transferencias a cargo de la Nación, se reducirán anualmente, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a la salud, a las universidades y a las pensiones.
Se controlarán y se disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas.
Estímulo a la formalización tributaria: fortaleciendo la capacidad de fiscalización de la DIAN. Recaudo: $2,7 billones.
Con el propósito de continuar la campaña de reducción de la evasión, se faculta a la DIAN para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen.
Se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) con el propósito de identificar mejor las personas que son propietarias o beneficiaras de las empresas para que cumplan con sus obligaciones tributarias.
Se utilizará un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
Aporte de mayores ingresos tributarios, sin afectar a las personas naturales: Se reduce a un 50% el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas. Recaudo: $3,9 billones.
Aporte solidario de las empresas para el financiamiento de la inversión social, a través de un incremento en la tarifa de renta de 30% a 35% a partir de 2022. Recaudo: $6,7 billones
Extensión de la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025. Recaudo: $415.000 (precios de 2023).
Normalización tributaria para el año gravable 2022. Recaudo: $300.000 millones en 2021 y $360.000 para 2022.
Fortalecimiento de la institucionalidad, para promover la sostenibilidad de las finanzas públicas.
