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El Ministerio del Deporte anunció, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, la suspensión del reconocimiento deportivo del Club Deportivo Pereira por incumplimientos en sus obligaciones laborales y de seguridad social.
La decisión, que se formalizó luego de una revisión detallada de los reportes y obligaciones del equipo, implica que las directivas del conjunto matecaña deberán responder en un plazo de 10 días.
En ese periodo podrán interponer los recursos de apelación y contradicción establecidos en la normativa vigente, además de demostrar que cumplieron de manera completa y verificable con los pagos relacionados con contratos laborales y obligaciones derivadas de estos.
La comunicación del ministerio recalca que la suspensión no es una medida aislada, sino la consecuencia de repetidos incumplimientos y advertencias previas sobre retrasos en pagos de seguridad social, salarios y obligaciones complementarias.
Esta situación vuelve a poner al equipo en el centro de una discusión que no es nueva en el fútbol profesional colombiano: la sostenibilidad financiera de los clubes, el rigor en el cumplimiento de los compromisos laborales y la responsabilidad de sus administraciones frente a las entidades de control.
En medio de este panorama, el especialista en derecho deportivo, Óscar Alzate Gómez, explicó que el escenario podría escalar de manera significativa si el equipo no corrige sus pendientes.
Según señaló, en el peor de los casos el Deportivo Pereira podría incluso enfrentar un proceso de liquidación, especialmente porque, además de la medida adoptada por el Ministerio del Deporte, la institución tiene una sanción vigente por parte del Ministerio del Trabajo. Este último organismo ya había tomado acciones por incumplimientos similares.
Alzate Gómez detalló que existe un segundo frente que el Deportivo Pereira debe resolver de manera inmediata: un pliego de cargos proferido por el Ministerio del Trabajo.
Mientras el Ministerio del Deporte establece como límite que los clubes no acumulen retrasos superiores a 60 días, el Ministerio de Trabajo exige que el club demuestre, sin excepciones, que ya pagó la totalidad de los valores adeudados por seguridad social, primas y salarios.
En palabras del experto, las exigencias de esa cartera son más estrictas y requieren una respuesta inmediata y comprobable.
El especialista indicó además que, si los incumplimientos persisten, el Deportivo Pereira podría enfrentar sanciones económicas severas. Entre ellas, una multa que podría oscilar entre 1.000 y 5.000 salarios mínimos. Y fue más allá al señalar que, en caso de reincidencia, el club podría perder su objeto social, lo que en términos prácticos lo dejaría sin posibilidad de operar como institución deportiva profesional.
Es decir, no podría participar en competencias ni actuar bajo las funciones que le permite su actual condición jurídica ante el sistema del fútbol colombiano.
Mientras avanza el proceso, los hinchas del Deportivo Pereira esperan que todos los inconvenientes relacionados con el pago de salarios, prestaciones sociales y compromisos vinculados al funcionamiento del club estén solucionados antes de la asamblea de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, programada para el próximo 11 de diciembre.
La preocupación es creciente porque, de no estar al día para esa fecha, la Liga 2026 podría iniciar sin la presencia del equipo matecaña, un escenario que afectaría no solo a la institución sino también a la ciudad y a la afición que ha acompañado al club en los últimos años.
