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Un nuevo rifirrafe se registró este miércoles 14 de abril entre Eduardo Pimentel, propietario del Boyacá Chicó, y algunos integrantes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), quienes se acercaron a la sede deportiva del conjunto 'ajedrezado' para realizar una de sus acostumbradas charlas con los jugadores.
A través de las redes sociales se conoció que los miembro de Acolfutpro se hicieron presente en las instalaciones donde entrena el plantel profesional, pero no pudieron realizar sus actividades, ya que, según informó Boyacá Chicó, violaron los protocolos de bioseguridad y no tuvieron en cuenta una solicitud para desarrollar dicho encuentro de manera virtual ante la emergencia por la pandemia del coronavirus.
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"En el día de hoy, 14 días del mes de abril de 2021, Acolfutpro se hizo presente en las instalaciones de entrenamiento del Boyacá Chicó Fútbol Club violando los protocolos de bioseguridad y en contra vía de la resolución 1507 del 31 de agosto de 2020, proferida por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Acolfutpro manifestó que existía una vulneración a los derechos de asociación por parte del Boyacá Chicó sin que Acolfutpro tuviera en cuenta la emergencia sanitaria que vive hoy en día nuestro país, el cual se enfrenta a un nuevo pico de contagio, siendo este el más alto desde el inicio de la pandemia", indicó el club 'ajedrezado'.
Seguidamente, el equipo de Boyacá explicó que le había enviado una comunicación a Acolfutpro "donde los invitó a realizar y a desarrollar sus derechos de asociación, utilizando medios virtuales, como actualmente se ha adoptado por el 95% de las instituciones estatales y privadas, ya que es una de las formas de mitigar el contagio"
Adicionalmente, Eduardo Pimentel se pronunció en sus redes sociales en donde catalogó las acciones de Acolfutpro de "irresponsables" por violar la propiedad privada y los protocolos de bioseguridad.
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Ante lo informado, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), afirmó Boyacá Chicó vulnera los derechos de la asociación al no permitir la reunión, por lo que incumplió un acta de conciliación a la que se llegó a acuerdo con la Fiscalía hace algunos años.
