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El martes 29 de noviembre se viralizó un video que indignó a la comunidad debido al trato que se le dio a una mujer que pedía su liquidación por el trabajo que realizó en un almacén de ropa masculina en Cartagena.
La mujer, quien aseguró que lleva esperando su liquidación hace dos años, fue retirada a la fuerza y esposada por parte de la Policía sin importar que estuviera con una bebé en brazos y un menor estuviera grabando los hechos.
“No me quiten a mi niña. Yo me dejo esposar, pero graben cómo me sacan de la tienda que me debe 2 millones de pesos desde hace 2 años y no me quieren cancelar”, decía la mujer.
Minutos después comentó que además de haber sido retirada de esta manera, recibió un comparendo presuntamente, por alterar el orden público.
Debido a las quejas recibidas, el Ministerio del Trabajo selló el establecimiento de manera temporal tras haber hallado presuntas irregularidades y confirmar que habían unas supuestas deudas laborales aparte del caso de la señora.
Sin embargo, Jon Sonen, empresario, diseñador y dueño del almacén publicó un video dando respuesta a la denuncia de Norelis Álvarez, exempleada de la marca, afirmando que en el punto de venta de Cartagena surgió un problema “bastante lamentable”.
“Las redes sociales están invadidas con noticias que escuchamos de una parte y no hemos escuchado la otra. (…) Se presentó un evento realmente lamentable en Cartagena en uno de nuestros puntos de venta”, dijo el diseñador.
En el video contó que la extrabajadora fue a reclamar un pago que ya está completamente cancelado hace más de tres meses mostrando en cámara unos documentos y facturas que confirmarían la correspondiente transacción. “Las pruebas lo dicen porque hay que hablar con hechos”.
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Según las pruebas mostradas, el 15 de septiembre la empresa habría realizado el pago de la liquidación por un total de 3 '002.500 pesos. Sin embargo, “a través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso. Ella dice que se deben dos millones, el recibo está por tres millones de pesos”, recalcó.
Es decir que, según lo explicado por el diseñador, el dinero está en un depósito judicial, pues hay de por medio una demanda interpuesta por la exempleada, proveniente de Venezuela.
“Quiero levantar una voz, como artífice de esta marca que lleva construyendo país hace más de 25 años. A esta señora se brindaron unas garantías, no solo en tiempo de pandemia, donde se le respetó su puesto de trabajo, además en su estado de embarazo se le canceló toda su licencia de maternidad. Hoy por una demanda quiere mancillar el nombre de esta empresa y el mío”, concluyó.
