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La Superintendencia de Industria y Comercio decretó el embargo de varias cuentas bancarias, 15 vehículos y 80 bienes inmuebles ubicados en Cartagena y otros municipios de la región de la familia Quiroz Ruiz, responsables de 16 edificios construidos de manera irregular. El organismo de vigilancia indicó que la medida busca asegurar la indemnización de los afectados, pero la decisión llena de dudas a los residentes de esos apartamentos.
Javier Doria, representante de las propietarios, señaló que esa determinación no garantiza la reparación económica: "queda la duda si las propiedades que ordenaron su embargo están en los edificios que presuntamente van a ser derrumbados. Si es así las familias no tendrían un verdadero soporte de los prejuicios que pudieron haber recibido".
Si bien la medida es bien recibida entre las familias que habitan entre los 108 edificios, existe la posibilidad de que el Clan Quiroz, como lo bautizó la Fiscalía, no tenga los suficientes recursos para subsidiar el arriendo correspondiente al 1% del valor del inmueble y sea el Distrito el que asuma la responsabilidad, aunque con valores inferiores como lo contempla la norma.
El representante de las víctimas de estas construcciones señaló además que la medida no otorga una decisión definitiva: "son pañitos de agua tibia. En este momento las personas no tienen una solución ni jurídica, ni material a la afectación real (...) incluso persisten dudas de todo el estudio técnico que se realizó".
En cuanto al polémico proceso de evacuación de estos 16 edificios, el Distrito aún está dentro del plazo de acuerdo con una decisión judicial.
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