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La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías del país que busca establecer si los entes territoriales incumplieron de manera injustificada la atención a la población desalojada en 2012 y 2015.
Edgardo Flórez, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas, celebró la decisión porque envía una alerta al actual mandatario.
“Celebramos que por fin la Procuraduría se ponga seria en el tema de seguimiento a la Ley 1448. Los gobernadores deben rodearse de personas que sepan del tema de víctimas, de buenos asesores al igual que los alcaldes, para que no les permitan caer en la situación en la que ha caído la Gobernación de Bolívar en estos momentos. El gobernador saliente, el señor Gossaín, tendrá que responder por su incumplimiento”, expresó.
El coordinador de la mesa de víctimas aseguró que “no tiene dudas” que en la pasada administración departamental se incumplió en la implementación de acciones efectivas en beneficio de la población desplazada y víctima del conflicto. Añadió que la Mesa Departamental aportará a la investigación que ha abierto a la Procuraduría al respecto.
“Seguiremos aportando porque queremos que la ley se implemente y que el trato digno a las víctimas, sobre todo las de desplazamiento forzado. En estos momentos se debería estar dando cumplimiento a la fase de restablecimiento socio-económico y desafortunadamente no existe una política pública ni nacional ni territorial en esta línea”, apuntó.
Otro aspecto que no se ha cumplido a cabalidad, según Flórez, es el relacionado con el retorno al territorio. El coordinador explicó que muchas de las familias que salieron de tus tierras por culpa de la violencia y que han regresado, lo han hecho por decisión propio más por acciones que se hayan tomado desde la Administración Departamental y Nacional.
“A excepción del Salado, en el Carmen de Bolívar, y de Las Palmas, en San Jacinto, e incluso en Marialabaja; nosotros hemos observado que el resto de comunidades no ha tenido esa oportunidad de acompañamiento formal del Estado en su retorno y reubicaciones. Es decir, el recurso no está destinado al restablecimiento de las poblaciones, a recuperar el tejido social de las comunidades, sino que está siendo tenido en cuenta para otras cosas menos importantes”, aseveró.
Finalizó Flórez señalando que en la actual administración departamental, liderada por el Gobernador Dumek Turbay Paz, el panorama tampoco ha tenido una atención especial y prueba de ello es que en lo que va del año no ha sido posible que la Mesa Departamental de Víctimas se reúna, en parte por la poca diligencia que ha mostrado a encargada de la Secretaría de Víctimas, Marta Reyes.
