Unión libre: ¿desde cuándo se considera un 'matrimonio'?

En Colombia se ha normalizado la convivencia en Unión Libre, ya que, con el objetivo de conseguir progreso mutuo, deciden formalizar la relación creando una familia independiente, sin necesidad de acudir al matrimonio.

No obstante, según la sentencia C-257/15 de la Corte Constitucional, a pesar de no tener un lazo matrimonial, si su convivencia con su pareja sentimental sobre pasa los dos años de relación, se presume ante la sociedad como si lo estuvieran, lo que significa que los bienes o patrimonios pasan a ser propiedad conjunta, y así mismo se puede declarar de manera judicial sin ningún impedimento para casarse.

Sin embargo, si su relación deja de funcionar y en mutuo acuerdo deciden separarse, los bienes que entrarían a repartición, solamente sería los adquiridos durante el tiempo que estuvieron juntos. según lo cita la Corte.

“La sociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano económico y deriva, en primer lugar, de la existencia de una unión marital de hecho y, en segundo término, de que, como consecuencia del trabajo, ayuda y socorros mutuos de los compañeros permanentes, se haya consolidado un 'patrimonio o capital' común”, indica.

Haciendo referencia que después de este periodo determinado de tiempo según se estipula esta Unión Libre, pasaría a ser una Unión Marital de Hecho, por lo tanto, la repartición de bienes será en acuerdo con un juez y será repartida en partes iguales, según los patrimonios que posean, para que no haya conflictos de interés.

Así mismo, los deberes y obligaciones que se dan entre la pareja, son permanentes en el tiempo que duren juntos y se tienen que dar de manera equitativa, salvando en que se lleguen acuerdos diferenciales para asumir las rentabilidades.

Además, si su pareja llega a fallecer, los compañeros vitales pasan a tener una vocación hereditaria en sucesión, donde le da el derecho a ejercer parte de la sociedad patrimonial construida según lo define la Ley 54 de 1990 y las sentencias C-283 de 2011 y C-238 de 2012 de la Corte Constitucional.