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La comunidad de Río Mejicano que está ubicado en la zona rural del puerto de Tumaco (Nariño), denunció que tras un presunto abuso por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) murió un hombre de 26 años de edad.
La víctima fue identificado como Segundo Girón, un campesino quien se dedicaba a la siembra de cacao en la región. De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre dejó a su esposa de 16 años en estado de embarazo y a pocos meses de dar a luz a unos mellizos.
El líder comunitario Apolinar Granja, explicó en diálogo con RCN Radio, que hace algunos días llegaron a ese territorio miembros de la Policía antinarcóticos para adelantar labores de erradicación forzada en la zona, lo que motivó protestas de varios campesinos, quienes evitaron que los uniformados siguieran realizando dichas acciones.
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“Este sábado se registró un ataque de la fuerza pública con el fin de dispersar a los ciudadanos que crearon unas barreras de protección para evitar la erradicación. Al parecer se lanzaron algunas bengalas y se accionó el armamento que utiliza el Esmad, dejando un saldo de 6 personas heridas y a un joven al que le le cayó un artefacto en la cabeza, que le causó heridas de gravedad y posteriormente su muerte”, explicó el líder comunitario.
Agregó que el Gobierno Nacional no ha cumpido con lo contemplado en el proceso de paz para adelantar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, pues en esta zona hay 1.600 familias que viven de la siembra de coca, de las cuales solo unas 800 fueron vinculadas al programa y el 50% restante está a la espera.
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La situación llevó a la alcaldesa de Tumaco a convocar a un Consejo de Seguridad extraordinario. El líder comunal señaló que “el general del Ejército dijo que ellos no pueden tomar la decisión de suspender la erradicación forzada para lograr un acuerdo entre las partes, porque es una orden presidencial”.
Luego de estos hechos, la Defensoría del Pueblo exigió un pronto esclarecimiento judicial y se solidarizó con los familiares de la víctima. “La solución al problema de las drogas requiere integralidad en las acciones del Estado y esencialmente que se adecuen al respeto de los Derechos Humanos”, señaló esa entidad.
