La FM en Google News
De los 1.200 excombatientes de las Farc que había en Antioquia, 20 han sido asesinados desde la implementación de los acuerdos de paz del 24 de noviembre de 2016.
Lo más preocupante es que once homicidios han ocurrido en un solo municipio, en Ituango, cerca del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Santa Lucía.
Lea aquí: Fiscalía trabaja para ubicar e identificar más de 700 de cuerpos en Meta
El comandante de la Séptima División, general Juan Carlos Ramírez, explicó que se les pidió a los excombatientes informar a la fuerza pública sobre sus desplazamientos por fuera de las zonas veredales. Además, en Ituango fue instalada una carpa azul con voceros de diferentes instituciones para escuchar a la comunidad y garantizar su seguridad.
"En ese ejercicio de la carpa azul en la que participa toda la institucionalidad, tanto del Gobierno, municipal y la fuerza pública. Ellos tienen una garantía y lo que se está buscando es que cada vez que van a salir del espacio territorial, nos informen, para mejorar su seguridad", indicó el alto oficial.
Según el Ejército Nacional, 16 asesinatos han sido esclarecidos por las autoridades judiciales. En Mutatá, Peque, Cáceres y Medellín, ocurrieron los demás homicidios. Otros tres desmovilizados murieron por causas naturales, en medio de una operación militar y por manipular explosivos.
Le puede interesar: Habría cinco cementerios más en Dabeiba con restos de falsos positivos
La zona veredal Santa Lucía está a una hora y media del casco urbano de Ituango, cerca de cultivos ilícitos, de zonas de injerencias del Clan del Golfo y del Residual, además es un paso estratégico para la salida de drogas.
El asesinato más reciente ocurrió este fin de semana, cuando el exguerrillero Manuel Antonio González, recibió varios disparos. El desmovilizado era hijo de Elmer Arrieta, quien fue el segundo al mandado del frente 18 de las Farc y candidato a la Asamblea de Antioquia por el partido Farc en las anteriores elecciones.
El partido señaló que ha denunciado insistentemente la falta de garantías de seguridad para los 7.000 integrantes que dejaron las armas y pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que acompañe las investigaciones por estos hechos.
