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Según el organismo, "la decisión se da tras la solicitud de la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, luego de manifestar que la liquidación judicial era la alternativa próxima más eficiente y garantista para mitigar el riesgo de los acreedores, frente a la cesación de pagos y consecuente estado de insolvencia de la sociedad".
Y es que el auto expedido por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, advierte que como consecuencia de lo anterior, la sociedad "ha quedado en estado de liquidación y que en adelante, para todos los efectos legales, deberá anunciarse siempre con la expresión en liquidación judicial”.
A partir de la expedición del auto de liquidación judicial, los administradores, exadministradores, asociados y controlantes, están imposibilitados para realizar operaciones en desarrollo de su actividad comercial.
Más de 250 empresas fueron objeto de reorganización empresarial, el año pasado.
