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A un día de que se venciera el plazo que dio una juez de control de garantías a la Alcaldía de Cartagena para que evacuara 16 edificaciones que están en eventual riesgo de colapso sin vulnerar su condición socioeconómica, el Distrito decidió destinar un subsidio de entre $900.000 y $1'100.000 para no revictimizar a las familias afectadas por los constructores ilegales.
Este monto es producto de un cálculo de Lonja Propiedad Raíz de Cartagena para determinar el valor que debía pagarse. El secretario de planeación, Irvin Pérez, dio a conocer que se hará un pago único correspondiente a seis meses de arriendo y gastos de mudanza.
"Ya los valores están identificados y hemos iniciado el proceso, está en un rango de $900.000 y $1'100.000de acuerdo con la estratificación, porque así lo ordenó un fallo", dijo.
De acuerdo con la dependencia del Distrito, hay un plan de ejecución y el monto destinado a cada una de las 108 familias afectadas será a través de un único pago. "Será un solo pago por un tiempo estipulado de seis meses para darle cumplimiento a lo establecido más los gastos de mudanza", explicó el secretario Pérez.
Sin embargo, aún hay familias que no han sido notificadas oficialmente, como la de Róbinson Villadiego del edificio Alpes 31. "Si hay alguna decisión sobre nosotros con relación a los subsidios o a lo que sea, ellos tienen que venir a notificarlas por los conductos regulares. No sabemos cómo va a ser el plan de acción, los subsidios son solo una parte", dice la víctima.
En este proceso aún queda pendiente un segundo concepto del estado de las edificaciones, tras la desconfianza que despertó el resultado de la Universidad de Cartagena, señalada de plagio por el particular.
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