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Después de más de un mes de cese de actividades, por parte de algunos sindicatos del Ministerio del Trabajo, recientemente el comité de huelga solicitó a los directivos que cesaran de manera inmediata algunas acciones que ellos catalogaron como un atentado legítimo contra el derecho a la huelga.
Estos sindicatos señalaron que el derecho a la huelga es un derecho constitucional protegido en el artículo 56. Estas declaraciones se dan en un contexto donde los colaboradores de la cartera están solicitando respuesta por parte de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, frente a las garantías como empleados.
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Hicieron referencia a un comunicado expedido por parte del Ministerio en donde relacionan la huelga imputable al empleador por incumplimiento en sus obligaciones.
Asimismo, rechazaron "de manera enérgica y categórica el comunicado público, fechado el 27 de junio de 2024, en donde se realizan expresiones imprecisas que no corresponden a la realidad fáctica y jurídica del proceso que se viene adelantando por parte de los trabajadores del Ministerio del Trabajo, como lo es la huelga imputable al empleador por incumplimiento en sus obligaciones”, indicaron los sindicatos", indican los sindicatos.
Agregaron que “es impreciso referir que el conflicto se encuentra en etapa de avances en el cumplimiento, por cuanto en este momento nos encontramos desarrollando un proceso de huelga imputable al empleador”.
Señalaron que la administración de la ministra Gloria Inés Ramírez acepta el incumplimiento del acuerdo colectivo suscrito en el año 2023, esto se da luego de que la ministra asegurara que han realizado todas las gestiones para su reconocimiento pero que existen causas que impiden el cumplimiento del mismo.
Afirmaron que: "No es sólo hablar del reconocimiento y pago del concepto de bonificación, además del cumplimiento de otros beneficios que vienen siendo sistemáticamente incumplidos por parte de la administración que se encuentran inmersos en el acuerdo colectivo aludido".
Aseguraron que el gobierno de Gustavo Petro es el que debe buscar mecanismos para cumplir lo incumplido y así asegurar la vigencia de la garantía constitucional de los derechos de asociación, negociación y huelga, y no trasladando la carga de esta obligación a los trabajadores de este ministerio.
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"Decir que, En el caso de los empleados públicos no está prevista la huelga, está prohibida en el código sustantivo del trabajo”, no corresponde y desconoce la protección de las garantías y al desarrollo jurisprudencial y al bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales de la OIT”, agregaron los sindicatos.
Finalmente, el comité de huelga hizo referencia a la reciente intervención de la Procuraduría General de la Nación asegurando que ésta no debe tomar partido en el conflicto interno de la cartera.
