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El presidente Iván Duque asistió a la firma del acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Yuma S.A., para reactivar las obras del proyecto Ruta del Sol sector III que estaban paralizadas desde 2017.
La reactivación se da tras un año y medio de concertación y revisión por parte de la ANI, el Ministerio de Transporte, el concesionario YUMA S.A, la interventoría del proyecto y el acompañamiento de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Sociedades. Al momento de la suspensión del proyecto tenía 31 % de avance general de las obras.
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“Hoy venimos a decirle a toda la comunidad, al departamento del Cesar, al departamento del Magdalena, a más de 18 municipios que se benefician de que la obra (Ruta del Sol sector III) se reactiva y se reactiva la economía regional”, aseguró el presidente Duque.
Las partes suscribieron un otrosí y un contrato de transacción entre la ANI y el concesionario YUMA S.A. que contempla 56 meses de plazo para la etapa de construcción, la obtención de un contrato de crédito por $ 400.000 millones y el pago pendiente a los proveedores.
El proyecto conecta 18 municipios en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar, incluye 465 kilómetros de los corredores San Roque – Bosconia – Ciénaga y Valledupar – Bosconia – Carmen de Bolívar. "Es una obra emblemática, estratégica y necesaria para el país porque estamos hablando de más de 470 kilómetros de doble calzada, estamos hablando de más de 410 kilómetros de mantenimiento”, indicó.
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El objeto de este contrato es que el concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore, diseñe, financie, obtenga licencias ambientales y demás permisos, adquiera los predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el sector III del proyecto comprendido entre San Roque-Ye de Ciénaga y Valledupar-Carmen de Bolívar.
En 2016 y tras revelarse el escándalo de corrupción de Odebrecht en el Proyecto Ruta del Sol II el sector financiero local se negó a otorgar préstamos a la concesión para la ejecución de las obras, por lo que la sociedad concesionaria se estancó en la ejecución de sus obras y, además, no contaba con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Adicionalmente, el constructor del concesionario (EPC Ariguaní) tiene deudas con sus acreedores por $ 128.000 millones a la fecha.
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