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El Juzgado Cuarto Penal de Pereira revocó la decisión del Juzgado Décimo Penal Municipal con función de Conocimiento, que había ordenado el arresto durante cinco días y una sanción económica de diez salarios minimos mensuales vigentes para el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar y la secretaria de Desarrollo Social, Diana Cristina Grisales Calvo.
Esta sanción había sido impuesta en su momento por no continuar con el programa de granja para habitantes de calle, vulnerando de esta manera los derechos de esta población.
El abogado, Benjamín Herrera Agudelo, quién lideró el proceso, manifestó que hubo un pequeño error en el tránsito de la administración anterior a la administración nueva.
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“El juzgado determinó que de inmediato debía el nuevo mandatario cubrir el programa de los habitantes de calle, pero este no podía ser obligado a celebrar un contrato en 48 horas, ya que se violaba la normatividad legal. Por tal razón había que demostrarle que sí se realizaron varias gestiones para continuar con un programa que cubre a los habitantes de calle”, dijo el abogadao que conoce el caso.
Aunque hasta el momento no existe un contrato, la administración actual pudo dar a conocer ante el juez los certificados de disponibilidad presupuestal y estudios previos, tendientes a la celebración de un contrato con una entidad sin ánimo de lucro, con la finalidad de brindar atención a habitantes de calle y en riesgo de calle del municipio de Pereira.
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En varias ocasiones, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar y el alcalde nocturno, Mauricio Vega han manifestado que los albergues serán para todos los habitantes de calle y no para unos pocos, donde podrán dormir, bañarse y conseguir su comida.
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