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Ruth Chaparro, quien hace parte de la Veeduría Ciudadana a la sentencia del 2017 que ordenó medidas de protección a la comunidad wayuú en La Guajira, denunció ante la Corte Constitucional que en tres años han muerto 284 niños de esa comunidad por desnutrición
Según las cifras que entregó Chaparro a la Corte, en el año 2018 murieron 118 niños; en 2019 murieron 84; en el 2020 murieron 65 niños y en lo que va corrido de este año, han muerto 18 menores a causa de desnutrición.
Chaparro dijo que esas muertes pudieron evitarse y que el Gobierno no ha cumplido con las ordenes que dio la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira.
“Han pasado 36 meses de un comportamiento estructural inadecuado donde se piden plazos, se sacan disculpas, se dice que no es competencia”, dijo.
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De acuerdo con la veedora, no solo no se han cumplido las ordenes, sino que no existe un mecanismo para buscar salidas a las crisis de La Guajira.
“Siempre hay una razón para estar dilatando y lo más grave es que en esos 36 meses se murieron 285 niños por causas asociadas a la desnutrición y esas muertes eran evitables”, precisó.
Por su parte, organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, reconocieron que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no son suficientes.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que en La Guajira no se puede garantizar la cobertura del acceso al agua potable.
“Persisten desafíos para asegurar la asistencia alimentaria de menores de cinco años. Llamo la atención sobre la apremiante urgencia de llegar a acuerdos se deben implementar estrategias sostenibles que resuelvan de fondo las cusas estructurales de la desnutrición infantil”, dijo.
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El defensor cuestionó que los programas que existen actualmente “resuelven solo temporalmente la situación alimentaria y desnutricional, pero no constituyen una respuesta sostenible y duradera”.
La audiencia publica en la Corte Constitucional es un seguimiento que hace ese tribunal al cumplimiento de las órdenes que impartió en el 2017, en la que se prendieron las alarmas por la crisis de falta de agua potable, alimentación y salud en esa comunidad y se ordenó tomar medidas al respecto.
