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En el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena avanza la imputación de cargos contra los ocho personas señaladas de conformar presuntamente una red de corrupción, que actuaba en al interior de la rama judicial para beneficiar a procesados de organizaciones criminales. Según La Fiscalía, ese entramado funcionaba como un empresa que ofrecía servicios ilegales.
En la audiencia, el ente investigador dio a conocer que la Fiscal seccional 46, Silvia Esmeralda Angulo Ortíz, pactó de manera fraudulenta un preacuerdo con el abogado de Benjamín Herrera Martínez, capturado por tráfico de estupefacientes durante finales del 2016 en la carretera que comunica Cartagena con Barranquilla, vía al mar, para lograr su detención domiciliaria.
La Fiscalía dio a conocer que antes de la lectura de sentencia de fallo a Herrera Martínez, hubo una reunión para entregar parte del dinero que los servidores públicos pedían para favorecer al procesado, que eran recibidos por Jorge Enrique Aguaslimpias Zabaleta, funcionario del Inpec.
Tras ese episodio, según las investigaciones de la Fiscalía hubo otra reunión entre las fiscales María Fernanda Puente López y Silvia Esmeralda Angulo Ortíz con un funcionario del CTI y otras personas, “donde se planeó toda la actividad concerniente para lograr una detención domiciliaria (Herrera Martínez), que era que se buscaba”.
Luego de este episodio, la fiscal encargada del caso apuntó que los miembros de esta red iniciaron una serie de visitas en diferentes ciudades del caribe, entre ellas Santa Marta, “para que lleve la razón de que esto se trata de una empresa para lograr lo que el interesado necesite”.
Las investigaciones también señalaron a María Fernanda Puente López, Fiscal Seccional, de cobrar 50 millones de pesos para acceder a un preacuerdo con Jonathan Rafael Sarmiento del Rio, presunto miembro de una banda criminal conocida como Ragivert, capturado en febrero de 2016.
Por otra parte, se conoció que la fiscal Puente López también sostuvo una reunión con el abogado de alias 'Valeria', presunto miembro del 'Clan del Golfo', quien buscaba llegar a un acuerdo fraudulento con esta entidad, pero la funcionaria rechazó la oferta porque sobre esos casos la Fiscalía fijaba mucho su atención.
