Programa de Alimentación Escolar
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24 Feb 2020 11:57 AM

Recursos de Alimentación Escolar tendrá su propia unidad de supervisión

El Gobierno nacional creará a demás alianzas con la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para hacer control a los recursos.
Katherine Leal
Katherine
Leal
@KT_Leal

El presidente Iván Duque, firmó los decretos para que, desde el próximo primero de marzo de 2020, entre en funcionamiento la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.

Esta asumirá funciones institucionales plenas y avanzará en la renovación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), según reveló el mandatario.

De acuerdo con el Gobierno, con la puesta en marcha de la Unidad se espera aumentar la cobertura de 5.300.000 estudiantes a 7 millones, 1,9 millones de ellos en el área rural, durante 180 días del calendario escolar en 2022.

"La Unidad favorece la gestión de recursos financieros para incrementar las coberturas de la alimentación escolar y la corresponsabilidad de los gobiernos locales en la educación", señaló la ministra de Educación, María Victoria Angulo.  

"Se articula con las entidades territoriales para acompañarlos en sus procesos de contratación, ejecución y puesta en marcha de los Programas en cada región, tanto en sectores urbanos como rurales", añadió. 

También se espera, a través de esta Unidad, mejorar los lineamientos técnicos de tal forma que respondan a las necesidades del territorio, étnica y cultural y se faciliten los procesos y trámites para garantizar la adecuada y oportuna atención con calidad a los estudiantes focalizados.

"Estos retos reclaman de la comunidad educativa y de nuestros territorios una gran articulación que nos permita comprender e integrar la diversidad y sobre todo la armonización de los Planes de Desarrollo Territorial con la Alimentación Escolar como proyecto de alto impacto social", sentenció Angulo. 

Con la puesta en marcha de este programa, el Gobierno también espera crear alianzas estratégicas con organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo para garantizar la transparencia en la contratación y operación, promoviendo mecanismos de control social. 

Fuente
Sistema Integrado de Información