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El contrato del Ministerio de las TIC por más de un billón de pesos para conectar al rededor de 7.000 escuelas de niños y niñas vulnerables en regiones apartadas llevó a varios congresistas a radicar una moción de censura contra la ministra, Karen Abudinen.
El anticipo por 70.000 millones de pesos, que la Presidencia y el contratista asegura, ha venido siendo invertido, tiene al gobierno en una nueva crisis esta vez por el manejo en recursos públicos. El Ministerio adjudicó el contrato el 9 de diciembre de 2020 y a la Unión Temporal Centros Poblados le correspondía conectar la región llamada b con las regiones Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada por 1.07 billones de pesos y 7.277 centros digitales con exactitud.
La Unión Temporal Centros Poblados está compuesta por cuatro empresas que se asociaron para la licitación. Intec de la Costa SAS es una de ellas con varios elementos importantes en sus antecedentes.
Intec de la Costa tiene actualmente dos contratos vigentes como parte de consorcios, además del del Ministerio TIC. Uno es con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural por alrededor de 350 millones de pesos y otro con la Alcaldía de Montería por más de $1.200 millones.
Su representante legal es Hugo Armando Canabal Hoyos. Revisando otros contratos recientes firmados por Canabal Hoyos aparece uno en Bogotá con la Localidad de Usaquén por $ 4.727 millones para la “realización de obras de conservación de la maya vial en la localidad y su espacio público a través del sistema de precios unitarios fijos y montos agotables”. Ese contrato es de marzo de 2019 y también fue obtenido en consorcio.
Intec tuvo un problema con un contrato en la Gobernación de Bolívar para reparación y construcción de vías en el municipio de San Jacinto de Cauca por 10.627 millones de pesos. En 2018 denunciaron en su contra una presunta “certificación falsa y errada del representante legal y el supervisor fiscal al reportar los paz y salvo en el pago de la seguridad social de algunos trabajadores”. Finalmente, Canabal se defendió y para ese momento las autoridades del departamento decidieron no ordenar ceder el contrato como se pretendía por el denunciante.
Este contratista participó además recientemente como proponente para un proyecto de construcción de colegios con el Ministerio de Educación. Ha estado presente en licitaciones similares en Risaralda y Caldas en una red de contratistas y oferentes que le han dado juego en la contratación pública en varias regiones del país, incluso de forma paralela.
En 2019 también participó en una licitación de la Unidad de Gestión del Riesgo para el proyecto con objeto de “mitigar y prevenir la erosión costera en la zona litoral en el distrito de Cartagena para ejecución en el espolón 1 en la zona de el laguito y rompeolas 3 en el centro histórico, incluyendo el sistema de drenaje pluvial de la carrera primera de Bocagrande”. La UNGRD lo descartó porque Intec incumplió con el aporte de documentos para verificar la experiencia y la vigencia de los contratos.
De otro lado, Adolfo León Gonzáles Guzmán fue registrado como representante legal de la compañía. Gonzáles Guzmán está relacionado en una denuncia del exconcejal Orlando Guerra en 2015 Medellín por supuestas irregularidades para el proyecto de la Unidad de Vida Articulada del Barrio San Javier y la construcción y mejoramiento de ciclo rutas por 4.300 millones de pesos.
Guerra señaló a una de las empresas del consorcio que se ganó el proyecto de la UVA de San Javier por ser denunciada antes en Bolívar, porque el contratista para un proyecto de infraestructura educativa en Mompox había cedido el contrato por una sanción aparentemente a otras empresas relacionadas con los mismos representantes legales y dueños del contratista original.
Así las cosas el contratista original del proyecto de Bolívar era la empresa OLT Logistics, obligada a ceder el contrato para la reposición de 14 aulas, 2 baterías sanitarias, la construcción de 1 laboratorio y 1 aula de sistemas por una sanción de caducidad en otro contrato con la USPEC. El contrato fue cedido a Conning Construcciones y Obras de Ingeniería Civil, representado entonces por Gonzáles Guzmán. El concejal denunció que Conning y OLT eran del mismo grupo del contratista Ottomar Lascarro Torres, involucrado a su vez en irregularidades en contratos en Sincelejo en donde, una vez más, habrían entregado certificados falsos en un contrato para la construcción de una carretera en Sincelejo por 5.000 millones de pesos que no ocurrió. Para entonces la empresa aparecía registrada como una banda musical.
La FM buscó al representante legal de la compañía para obtener su versión del anticipo del Ministerio de las TIC, pero hasta ahora no respondió.
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