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La Procuraduría confirmó, este martes, la destitución y la inhabilidad por diez años contra el excanciller Álvaro Leyva. La sanción del Ministerio Público responde a la decisión de Leyva de declarar desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes, esto después de que Thomas Greg & Sons se presentara como único proponente.
"El ministro de Relaciones Exteriores optó por declarar desierta la licitación bajo el argumento que se trató de un proceso con un único oferente, lo cual carece de fundamento legal si se tiene que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un veto para que se adjudique el contrato al único oferente en las licitaciones públicas", argumentó la Procuraduría.
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Una vez se conoció la sanción, Leyva atribuyó el proceso a una supuesta intervención política por parte de la procuradora Margarita Cabello Blanco.
El procurador delegado en contratación estatal, Ernesto Espinosa, ofreció detalles sobre la decisión en La FM de RCN, enfatizando en que la inhabilidad impuesta responde estrictamente a la actuación administrativa de Leyva, sin motivaciones políticas.
Espinosa explicó que la Ley 80, que regula la contratación pública en Colombia, establece que los funcionarios deben seguir un marco jurídico claro en los procesos licitatorios. “Lo primero que hay que señalar es que la actividad de la contratación en el ordenamiento jurídico es regla, es decir, los servidores públicos deben ceñirse a las normas definidas por la Ley 80”, indicó Espinosa, quien además puntualizó que, en casos como este, donde solo hay un único proponente, no existe un impedimento legal para adjudicar el contrato.
La decisión de Leyva de declarar desierta la licitación fue el foco de la investigación. Según la normativa, solo se puede declarar desierta una licitación cuando “las propuestas que se presentan no cumplen con los requisitos que exige la entidad o no se presenta propuesta”, recalcó el procurador delegado. En este caso, Thomas Greg & Sons sí cumplía con los requerimientos necesarios.
Espinosa aclaró que el proceso disciplinario se centró exclusivamente en la responsabilidad personal del excanciller Leyva, y no en los detalles del contrato mismo. “En el proceso disciplinario se investigó y se juzgó al canciller como director de la actividad contractual; se le estaba determinando su responsabilidad personal. No se analiza la actividad propiamente del contrato”, afirmó el procurador delegado. La decisión, entonces, evaluó únicamente el actuar del ministro en su rol como responsable de la licitación.
Luego de conocerse la sanción, Leyva sugirió que la medida obedecía a una presunta intervención política de la procuradora Margarita Cabello Blanco. Sin embargo, Espinosa desmintió categóricamente estas acusaciones y señaló que la sanción fue resultado de un análisis en sala disciplinaria. “Lo primero es que la señora procuradora no profirió la decisión; la propició la sala que yo presido y en la cual fui ponente de la decisión”, aclaró Espinosa, subrayando que Cabello Blanco no participó en el proceso.
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Para Espinosa, el excanciller tiene todo el derecho de expresar su inconformidad y de apelar la decisión en las instancias correspondientes. “El canciller está en todo su derecho de plasmar su inconformidad, seguramente lo plasmará con su defensa y con su recurso de apelación”, comentó.
Finalmente, Espinosa concluyó que la sanción se originó en la responsabilidad directa de Leyva en la toma de decisiones sobre esta licitación. “Por esas situaciones precisamente se declara originariamente responsable, porque el ministro, firmó los actos administrativos mediante los cuales declaró desierta la licitación”, puntualizó el procurador delegado, quien también reiteró que el fallo busca proteger los principios de transparencia y eficiencia en la contratación pública.
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