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Hace algunos días, el Ministerio del Interior lideró la instalación de Puestos de Mando Unificado por la Vida en 65 municipios y 14 departamentos del país, para la articulación de acciones de prevención y protección que garanticen la vida de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Precisamente, en medio de este anuncio, se ha generado una polémica debido a que en estos municipios y departamentos donde estarán estos Puestos de Mando, los mandatarios locales tendrían facultades para requerir a las fuerzas militares.
Este miércoles Noticias RCN reveló un documento del Ministerio del Interior en el que se estipulan estas facultades especiales para estos alcaldes y gobernadores.
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“Para los municipios donde hay conflicto se debe impartir la instrucción de volver al alcalde “de mando” de las fuerzas donde se encuentran en el territorio con fines humanitarios (...) Podrán contar con invitados permanentes Fiscalía, Procuraduría, Comunidad Internacional, Misión de Verificación de paz de la ONU, ONU Mujeres y Misión de Observación de Paz", dice un apartado del documento revelado por Noticias RCN.
Algunos expertos han cuestionado el hecho de que la participación de estos actores y entidades en los puestos de mando unificados pondría en riesgo la confidencialidad de los asuntos que se tratan en estos espacios.
Jhon Marulanda, presidente de Acore, explicó que se debe tener en cuenta que estas autoridades, gobernadores o alcaldes, podrían estar inmiscuidos con los grupos ilegales de su respectiva región.
