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La Asociación Nacional de Alumbrado Público- ANAP advirtió sobre el proyecto de decreto que se adicionará al 1073 de 2015, único reglamentario al sector de Minas y Energía y en el cual se establecen políticas y lineamientos para la eficiencia tarifaria del sector energético, decisión que podría poner en riesgo el alumbrado público del país ya que la reducción tarifaria hace referencia realmente es al no cobro del servicio de alumbrado público, hecho que generaría afectaciones en la prestación de ese bien.
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"Tenemos la obligación moral de explicar la fórmula que plantea el Ministerio para disminuir el costo tarifario en el recibo frente al usuario, pero lo que realmente se pretende es dejar de recaudar los recursos que mantienen al alumbrado público de los más de mil municipios del país; poniendo así en riesgo el buen estado de la infraestructura eléctrica, tal como sucedió en el hermano país de Venezuela", explica la ANAP.
“Una ciudad apagada es aterradora y amenazante". El Gobierno Nacional ha publicado en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía un proyecto de decreto que actualmente se encuentra en etapa de consulta y que prácticamente dejaría sin fuente de recursos el funcionamiento del servicio de alumbrado público en todo el territorio nacional.
"Cabe decir que no existió estudio previo, como tampoco un análisis adecuado, ni se tiene una justificación mínima, lo que pone en riesgo la prestación del servicio de alumbrado público en colombiana. Estos anuncios son improvisados pareciera que buscan la aprobación de la ciudadanía, desde una óptica populista que al final terminará afectando sin duda a todos los colombianos”, aseguró Armando Gutiérrez, director ejecutivo de la ANAP
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Gutiérrez además indicó que: “será un falso ahorro para el ciudadano, creará un problema aterrador para la ciudadanía y un lio gravísimo para los municipios y distritos".
Ya hemos visto lo que sucedió en Venezuela con apagones del sistema eléctrico. En este orden de ideas, convocamos a las empresas del sector energético, entidades de la sociedad civil y sector público territorial, para hacer seguimiento a esta problemática anunciada”
Finalmente, es de indicar que de llegar a aprobarse el decreto, este será demandado ante las autoridades pertinentes por considerar que no cumple con los requisitos de ley.
