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La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Educación para que no abandone la iniciativa que se ha tenido sobre el recurso de alimentación y transporte escolar y se garantice esta gestión desde principios de 2020, desde que inicie el calendario académico.
A través de un comunicado, el procurador Fernando Carrillo extendió la solicitud a los gobernadores y alcaldes de municipios certificados para que contribuyan a adelantar las gestiones que sean necesarias para que se garantice la oportuna prestación de estos servicios que ofrece el gobierno.
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De igual forma el representante del Ministerio Público solicitó a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, actuar de la mano de las entidades territoriales para garantizar que este servicio se brinde sin interrupciones y sin retrasos.
En cuanto a los mandatarios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) los exhortó a que los recursos de la participación en educación sean destinados para el pago del transporte escolar, cuando las condiciones geográficas lo requieran.
Esto con el fin de que no disminuya la población escolar por falta de garantía para traslado hasta las instituciones.
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La Procuraduría señaló que tras un trabajo de vigilancia al PAE, se pudo identificar que hay un riesgo de que la alimentación y transporte escolar no se está cumpliendo de manera oportuna en lo corrido de 2019 “debido al cambio en las administraciones territoriales, lo que, de llegar a ocurrir, afectaría a los niños, las niñas y los adolescentes, que dependen de este programa”.
Finalmente anunció que continúan con el seguimiento a la prestación del PAE, en el que ha requerido a 267 alcaldes para que actualicen el reporte de la ejecución de los recursos en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Todo esto con el fin de garantizar el acceso con permanencia de los estudiantes beneficiarios para que puedan acceder a su derecho a la educación.
