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Distinto a las graves irregularidades que han ocurrido en algunas partes del país con los Programas de Alimentación Escolar -PAE- que contratan las entidades territoriales con particulares, La FM ha conocido una denuncia sobre una nueva modalidad que compromete millonarios recursos del PAE y que ha sido catalogada por los perjudicados como un "acto de corrupción" con los recursos destinados a la niñez.
La Fundación para el Desarrollo y la Solidaridad -Fundesol-, integrante de una unión temporal que operó en 2018 el Programa de Alimentación Escolar en Putumayo y Nariño, ha denunciado ante la Fiscalía un caso de fraude y corrupción privada que provocó el embargo de 4 mil millones de pesos de las cuentas de los mencionados contratos del PAE, que habían sido suscritos por $14.250 millones y $21.308 millones, respectivamente.
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¿Dónde está el fraude? Según la ONG Fundesol, la empresa Viajeros S.A. de Santa Marta, con la que nunca ha tenido relaciones comerciales, apareció con un pagaré apócrifo, fraudulento, exigiendo ante jueces 4 mil millones de pesos que la empresa supuestamente le había prestado en 2016 al exrepresentante legal de la ONG, Jhon Arvilla.
"No tiene dicha empresa la capacidad de demostrar la existencia y entrega de la suma de cuatro mil millones. Deberá entonces verificarse si las actividades de dicha empresa son lícitas o no, o presuntamente han incurrido en la conducta punible de lavado de activos", dice una denuncia radicada por los miembros de Fundesol.
Dice Fundesol, que Viajeros S.A tiene el 'modus operandi' de presentar pagarés fraudulentos. "Ya son tres denuncias penales que demuestran el ardid criminal, el modus operandi, la sistematicidad de la conducta y el concierto para delinquir. A la fecha las autoridades no se han pronunciado", advierten en una denuncia.
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Según Fundesol, en este proceso judicial han amenazado a su contador, Julio Terán, y han intentado sobornar a su representante legal, Luis Olivo. Y por ello han denunciado al representante legal de Viajeros S.A, Oscar Luis Soto, con quien no hemos podido establecer comunicación pese a llamadas y correos electrónicos. El caso hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que revisará el embargo ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta y la confirmación que realizó el Tribunal Superior de esa ciudad.
La ONG Fundesol fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio en 2017 por 'cartelización' o colusión en un proceso para el programa de alimentación del adulto mayor en Cartagena. En 2018, hubo una queja contra esta fundación en Ibagué que tenía un contrato para comedores comunitarios.
