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Como una medida cautelar, la Procuraduría solicitó a la Gobernación de San Andrés declarar la emergencia sanitaria y ambiental por el presunto manejo irregular de los residuos hospitalarios por parte del hospital Clarence Lynd Newball Memorial.
En un trabajo de campo, la Procuraduría encontró que dichos residuos "permanecen acumulados en la parte posterior del edificio, a la intemperie, sin ningún tipo de protección ni aislamiento", poniendo en riesgo a los habitantes de la isla y a los turistas y violando "los principios de bioseguridad".
El Ministerio Público también encontró irregularidades en el manejo de la planta de gases medicinales, "que carece de un sistema de control de temperatura pese al riesgo que representa por su carácter inflamable".
Según el análisis, los ciudadanos que permanecen en la isla se están viendo expuestos a "enfrentar epidemias y/o pandemias por la exposición a los residuos hospitalarios", generando también "graves daños ambientales a los ecosistemas y áreas protegidas de sensible afectación ecológica".
A esta irregularidad se suma el deficiente tratamiento que están recibiendo los pacientes del hospital que sufren de graves enfermedades, pues al parecer el hospital no está aplicando los protocolos hospitalarios de aislamiento, "lo que incrementa el riesgo de infección entre ellos mismos".
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