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El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le envió un concepto a la Corte Constitucional en el cual le solicita avalar el decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos, que busca la ampliación del personal en la Unidad Nacional de Protección.
El decreto que modificaría la norma que impone topes al crecimiento de las plantas de personal de las entidades públicas, en este caso, incluiría a miembros desmovilizados de las Farc en la Unidad Nacional de Protección.
Para la Procuraduría este decreto es necesario e importante para la implementación de los acuerdos de paz y advierte que "no incurre en ninguna de las prohibiciones impuestas al Ejecutivo para el uso de las facultades presidenciales para la paz, y además se cumple el criterio de estricta necesidad".
Dentro del documento de la Procuraduría, se advierte que este tipo de decretos no alteran el principio de sostenibilidad fiscal porque son medidas temporales y específicas, factores que van de la mano por la especial importancia que requiere la implementación del acuerdo de paz, que en este caso, está relacionado con la protección y vinculación de excombatientes de las Farc.
La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública el próximo 6 de abril con el objetivo de conocer los conceptos no solo de las entidades públicas, del Gobierno sino de la academia para definir la importancia de este decreto.
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