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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra directivas de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la vigilancia de los recobros del sistema de salud.
La entidad ordenó la práctica de pruebas "con el fin de determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el perjuicio que se habría causado a la administración pública".
A través de un comunicado, el Ministerio Público precisó que el proceso disciplinario se abrió a las directoras de Otras Prestaciones de la Adres, Laura Beltrán Ochoa, y de Gestión de Recursos Financieros en Salud, Marcela Brun. También se investiga a la asesora de la Dirección General (e), Carmen Rocío Rangel.
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Según la Procuraduría, las irregularidades se habrían presentado en la forma cómo se adjudicó el contrato a la firma Unión Temporal Auditores, que tuvo un costo mayor a los 140.000 millones de pesos.
Frente a los anterior, la Procuraduría pidió a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) suspender la ejecución del contrato.
Para el organismo de control no se habría tenido en cuenta que esa firma estaría inhabilitada para ejecutar el millonario contrato y que ha sido multada en cuatro oportunidades y aun así le otorgaron la facultad para hacerlo.
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El contratista estaría inhabilitado para la ejecución del negocio jurídico que tiene por objeto “la auditoría integral en salud, jurídica y financiera a las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios a cargo de UPC”, dice la Procuraduría.
Otro de los objetivos del contrato era vigilar “las reclamaciones con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
"Adelantar el procedimiento administrativo para que el contratista ceda o renuncie a la ejecución del mismo, en aras de evitar la violación del ordenamiento jurídico y la afectación del derecho fundamental a la salud de los colombianos", señaló la Procuraduría.
