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La Procuraduría General de la Nación dio a conocer, en un carta dirigida al alcalde (e) Sergio Londoño Zurek, que las autoridades locales no han adelantado las gestiones pertinentes que garanticen el cumplimiento de la suspensión de las obras de Aquarela, un polémico proyecto inmobiliario en cercanías del Castillo de San Felipe que amenaza el patrimonio arquitectónico de la ciudad.
De acuerco con el ente de control, la Alcaldía de Cartagena incurrió en inacción y no efectividad de la medida debido a que la inspectora de policía de la comuna 2, quien fue la responsable de la suspensión de las obras el pasado octubre de 2017, fue trasladada a otro lugar y “hasta el momento no se evidencian avances en la acción de policiva”.
“La continuidad de la obra mencionada pone en alto riesgo a la ciudad de Cartagena de Indias, tanto por razones urbanísticas como especialmente, por afectar potencialmente su condición de patrimonio histórico y cultural de la humanidad declarado por la Unesco” reseña el documento firmado por el procurador Fernando Carillo.
Por esta razón, el organismo de control pidió que en 48 horas se adopten las medidas administrativas del caso para ejercer el poder policial, y solicitó el informe sobre las gestiones adelantadas.
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