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De acuerdo con el documento de la Procuraduría, este Decreto, Ley (248/17), señala que los saldos que resulten tras las asignaciones que ya están previstas para proyectos de inversión, pueden financiar el postconflicto.
En este sentido la Procuraduría consideró que esta mención es contraria a la Constitución porque los recursos del Fondo Nacional de regalías y los dineros derivados de ellas, ya están previstos para destinarlos a unos temas descritos por el Congreso de la República.
“El Ministerio Público considera que el presente decreto desconoce una de las limitaciones competenciales implícitas señaladas por la Corte en la sentencia C-699 de 2016, en cuanto se trata de un asunto reservado al órgano representativo –que dado el caso podría tramitarse por la vía del procedimiento legislativo especial para la paz”, señala la Procuraduría.
De igual forma la Procuraduría cuestionó que dentro del Decreto expedido por el Gobierno, no existen argumentos para justificar que el usos de las regalías tengan otra destinación sin afectar los planes predeterminados como para el desarrollo social y ambiental de las entidades territoriales, el ahorro para su pasivo pensional, las inversiones de educación, de ciencia y tecnología y emergencias invernales.
