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El procurador Carrillo manifestó que la prioridad en este tema es que no se generen nuevos espacios de conflictos, que no se afecte la prestación de los servicios públicos y no se impacten las condiciones de vida de los pobladores.
“Con articulación de la Procuraduría General de la Nación realizarán sesiones de trabajo en las que participen autoridades departamentales y nacionales, en las que se ventilen temas relacionados exclusivamente con la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento de los servicios públicos que deben prestarse en dicho sector”, señala el documento.
Asimismo, la Procuraduría advirtió que pese a los acuerdos y compromisos por la población de Belén de Bajirá, “cada Gobernación ejercerá las acciones jurídicas y administrativas que consideren dentro del orden jurídico, para hacer valer los intereses de sus circunscripciones”.
En ese orden de ideas, la Procuraduría anunció la designación de funcionarios especiales para que hagan el acompañamiento y seguimiento de las actuaciones que desarrolle cada una de las administraciones para que no se afecten los intereses de los habitantes en esa región del país.
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