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La Procuraduría alertó sobre el posible riesgo de una parálisis del Estado por la falta de personal calificado que debe hacer parte de la planta de las entidades del Gobierno, pues los ministerios y sus dependencias en las regiones, tienen cuatro meses para hacer la transición de contratos por prestación de servicios a contrato directo, pero para la Procuraduría, esto no es suficiente.
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Se trata de una circular expedida hacia las instituciones del Estado, en la que menciona sus preocupaciones por este plazo que puede significar el colapso del sistema en sus diferentes niveles.
La Procuradora delegada para la salud, protección social y trabajo, Diana Ojeda, aseguró que, los cuatro meses de plazo, representarían un desgaste administrativo.
"El Estado no lo pueden paralizar porque no han hecho los contratos. Segundo, cuatro meses es un desgaste administrativo terrible para que las personas se vinculen solo por ese tiempo, además, el Ministerio de Hacienda tiene que revisar las disponibilidades, los estudios, las apropiaciones. Hay que hacerles sus contratos como siempre se les ha hecho y paralelamente seguir trabajando para lograr la formalización laborar que requieran las entidades", aseguró la delegada.
En la circular, el ministerio público le pide a las autoridades responsables de administrar los contratos de las personas vinculadas con el Estado, que avancen lo más pronto posible para lograr que, quienes estén ligados en la modalidad de prestación de servicios, puedan cumplir con sus funciones pero que, además, se les respeten los derechos al acceso a las prestaciones sociales.
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La Procuraduría también pidió que se hagan esfuerzos interinstitucionales para reducir la precarización de las condiciones laborales, pero resaltó que esto no debe significar que se disminuyan los servicios profesionales y de apoyo que actualmente prestan los contratistas ligados con las entidades de la Rama Ejecutiva.
