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La Procuraduría General de la Nación, en compañía de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y Representantes de las Víctimas, entregaron al Congreso los informes de seguimiento a la política de atención y reparación integral a víctimas étnicas y no étnicas, en el que advirtieron que persisten los incumplimientos.
En estos informes se concluye que a pesar de los avances registrados, a escasos cuatro años de terminar la vigencia de la Ley y los Decretos Leyes, persiste el grave incumplimiento en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación y la restitución de derechos territoriales.
El panorama es aún más preocupante, de acuerdo con la Personería, frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, cuantitativas, culturales y poblacionales.
Además, advierte el informe que los recursos financieros que no dependen del Sistema General de Participaciones se han reducido, a lo que se suman las restricciones financieras del Estado en la actual coyuntura; lo cual hace improbable un incremento de recursos para la reparación integral, que respecto de la medida de indemnización apenas alcanza el 7% de la población.
A la fecha, para la Procuraduría ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva incluidos en el registro ha culminado, se ha iniciado un proceso de reelaboración de los planes de reparación colectiva por la incapacidad material de cumplir con los compromisos incluidos en los planes y en algunos casos persisten las críticas porque la implementación de las medidas no consulta con las necesidades reales de las víctimas y las particularidades de sus territorios.
En materia de reparación individual los informes revelan que el escaso avance en la indemnización administrativa de las víctimas, aún falta el 93% de la población víctima por acceder a esta medida, así como de la incipiente aplicación de criterios para darle prioridad a los adultos mayores, a quienes sufren discapacidad por cuenta del conflicto o enfermedades catastróficas.
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