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La Procuraduría emitió su concepto sobre la decisión del Gobierno Nacional de cesar las exportaciones de carbón a Israel, por lo que el organismo hizo una serie de advertencias para evitar daños a la Nación.
El procurador delegado para asuntos medioambientales, Gustavo Guerrero, explicó que, inicialmente, Colombia dejará de recibir cerca de 650.000 millones de pesos de regalías, pero en el proyecto de decreto no aparece una solución para evitar afectaciones por falta de estos recursos.
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"Un total de 100.000 millones de pesos de esas regalías se invierten directamente en los departamentos del César y de La Guajira. Y no es claro en el decreto ni en los documentos que lo acompañan cuál es la forma en la cual se van a sustituir estos ingresos y esa inversión", afirmó el delegado.
Para el funcionario, hay un riesgo en que se genere un daño antijurídico, debido a que el decreto expedido por el Gobierno, puede representar un incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Israel.
"Puede haber un riesgo de daño antijurídico y adicionalmente se estaría eventualmente incumpliendo con el Tratado de Libre Comercio suscrito con el Estado de Israel que entró en vigor en el año 2020", agregó Guerrero.
El procurador resalta que en el proyecto de decreto no hay una explicación que permita sustentar la necesidad de la intervención del Estado en este punto de la economía, pues no hay razones de soberanía o protección de la industria.
"Hay una invocación del artículo 259 del Plan de Desarrollo como una razón para restringir o intervenir en la economía en este caso. No son claras las razones porque no está preciso las razones asociadas o a la seguridad nacional o a la soberanía alimentaria o a la protección de la industria nacional", concluyó el delegado.
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Para Guerrero, la prohibición de las exportaciones no genera ningún beneficio para el país, sino que, por el contrario, causaría afectaciones a la libre industria y comercio y pone en riesgo los derechos fundamentales a la iniciativa privada y a la libertad de empresa.
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