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En carta enviada a los ministros del Interior y Defensa, al alto Consejero para el Posconflicto y la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el procurador general Fernando Carrillo muestra su preocupación por la manera cómo se está llevando a cabo el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el país.
Para la Procuraduría, es necesario que el Gobierno revalúe las estrategias de implementación del punto 4 del acuerdo de paz, que contempla la solución al problema de las drogas ilícitas. Se trata del punto que promueve la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados.
Para el Ministerio Publico los constantes asesinatos en el municipio de Tumaco develarían las dificultades de la implementación del acuerdo en el municipio con más hectáreas sembradas de coca en el país.
"La Procuraduría repudia la escala de violencia protagonizada por diferentes actores armados contra la población civil en Tumaco".
Condena el Ministerio Publico "la escalada de violencia contra las comunidades que han dado ejemplo de resistencia pacífica", por eso hace un llamado a una "respuesta pronta y contundente para desarticular estas dinámicas criminales que amenazan la paz territorial y atentan contra la voluntad comunitaria de superar el problema de los cultivos ilícitos".
El punto cuarto de los acuerdos de paz contempla que se le dará al consumo de drogas un enfoque de salud pública que intensifiqué la lucha contra el narcotráfico creando un programa nacional integral de sustitución y desarrollo alternativo de mano de las comunidades afectadas y las autoridades nacionales.
Además dice que se creará una estrategia integral para desarrollar y judicializar a las redes del narcotráfico y se fortalecerá la lucha contra la de activos en todos los sectores de la economía.
