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De acuerdo con las más recientes cifras de Indepaz, en lo corrido del año han sido asesinados 107 líderes sociales y 24 excombatientes de las Farc, que firmaron los acuerdos de paz, lo que da a entender que los crímenes contra este grupo de personas no para aún en cuarentena por la COVID-19.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que el país no puede permitir que continúen esas muertes y advirtió que se deben crear estrategias para replantear los esquemas de protección a los líderes sociales y excombatientes porque, incluso, se han presentado asesinatos al interior de las viviendas.
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“La violencia contra líderes sociales se ha recrudecido en diferentes partes del país (…) casos en Nariño y Chocó, desplazamientos masivos, confinamiento y crisis humanitaria”, dijo Carrillo.
El procurador Carrillo dijo que la ausencia de la fuerza publica en algunos territorios da pie para evaluar el reforzamiento de los esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y mejorar las líneas de atención en el caso de amenazas.
“Muchos de ellos están siendo asesinados en sus viviendas o en su entorno familiar, lo que supone pensar en replantear esos esquemas de seguridad en medio del confinamiento social por la pandemia de la COVID-19", apuntó Carrillo.
La Procuraduría tiene conocimiento sobre hostigamientos, ocupación de bienes de manera ilegal, presencia de narcotráfico, y violaciones a los Derechos Humanos, en regiones como el Bajo Atrato, Nariño y Cauca.
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Al parecer, la erradicación de cultivos ilícitos ha encrudecido los niveles de violencia en regiones como el Putumayo y esa tesis quedaría al descubierto con el asesinato del líder campesino Marco Rivadeneira en los primeros días de cuarentena, “uno de los lideres más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos”.
Los constantes enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el ELN y grupos armados organizados, también han sido foco del recrudecimiento de la violencia en el país.
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